El 'caso Negreira' echa a andar. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la querella del árbitro Xavier Estrada y la denuncia de la Fiscalía por los pagos del Barça al exnúmero dos de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Además, como primera diligencia de calado ha ordenado a la Guardia Civil que investigue el destino de todos estos pagos y que identifique a más exaltos cargos del equipo durante la etapa de Sandro Rosell.
Así consta en un auto de este pasado martes en el que da el primer paso para investigar los abonos que el Barça efectuó a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre los años 2001 y 2018. Las actuaciones se dirigen contra el Barça como persona jurídica, los expresidentes del club Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, los exdirectivos Óscar Grau y Albert Soler y Enríquez Negreira. Las diligencias también se siguen contra el hijo del colegiado, Javier Enríquez Romero, ya que, aunque la Fiscalía no le denunció, sí actuó contra él Estrada en su querella.
La causa investigará si, como denuncia el Ministerio Público, estos abonos no respondían a servicios de coaching y asesoramiento arbitral, sino que buscaban beneficiar al Barça y alterar las competiciones. Por ello el procedimiento se inicia por delito de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, delito continuado de administración desleal y falsedad en documento mercantil.
La Liga, personada como acusación
Así, tras admitir a trámite la querella y la denuncia, la juez da luz verde para que La Liga litigue como acusación particular y al árbitro querellante como acusación popular. Del mismo modo encarga a la Guardia Civil que lleve a cabo "las diligencias de investigación necesarias en orden a determinar el motivo o trabajos por los que se efectuaban los pagos realizados por el FC Barcelona a Dasnil 95 y Nilsad S.L, así como el destino cobrado por dichas empresas", reza el auto.
Entre los testigos solicitados por la Fiscalía se encuentran el presidente del Barça Joan Laporte, los antiguos entrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde o la secretaria de Enríquez Negreira
Igualmente la Guardia Civil tendrá que identificar quienes ostentaban los cargos de director general, CEO o director ejecutivo entre los años 2011 y 2014, etapa en la que fue presidente Sandro Rosell. También al tesorero (cargo que ejerció la empresaria Susana Monje) y el jefe del área económica. La solicitud se formula después de que la Fiscalía Provincial de Barcelona abriera la puerta en su denuncia a imputar a más exaltos cargos por los pagos sin justificar que el club efectuó a Enríquez Negreira.
El objetivo de la juez es recabar toda esta información para, una vez tenga las conclusiones, citar a los imputados y también a los testigos. Al respecto el Ministerio Público ha pedido que declaren como testigos un total de once personas, entre las que se encuentran los antiguos entrenadores del Barça Luis Enrique y Ernesto Valverde además del expresidente del club Joan Gaspart; el actual presidente Joan Laporta o Concepción Díaz (la que fuera secretaria de Enríquez Negreira).
Tras meses de investigación, la Fiscalía Provincial de Barcelona determinó en su denuncia del pasado viernes que durante cerca de dos décadas el Barça estuvo abonando pagos a la mercantil del número dos de los árbitros para beneficiar al equipo. En concreto, dijo que las partes sellaron un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" para que, a cambio de dinero, Enríquez Negreira "realizase actuaciones tendentes a favorecer" al Barça.
Dichas actuaciones, según la Fiscalía, consistían en elegir a los árbitros que iban a disputar los partidos, lo que influía de manera directa en el resultado de las competiciones. Al hilo recuerda que es precisamente el CTA el que designa los árbitros para los partidos y el que se encarga de las evaluaciones de los colegiados. Además, recalca que, tras la investigación fiscal abierta por estos abonos, el equipo fue incapaz de aportar soporte documental que justificase los gastos.
La Fiscalía identificó pagos entre 2001 y 2018 por importe de 7,3 millones de euros, si bien solo se van a investigar los comprendidos entre 2014 y 2018, lo que afecta directamente al mandato de Sandro Rosell y Josep María Bartomeu. Con todo, sostiene que "supuso una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la Asamblea General por lo que carecía de título que lo justificara". "Dichas percepciones no tuvieron soporte legal ni estatutario alguno", concluyó. Ahora, las pesquisas seguidas en la Fiscalía, las asumirá Anticorrupción por orden del fiscal general.
