El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado a la Oficina en España del Parlamento Europeo que expida y remita certificación de la condición de eurodiputado de Luis Pérez Fernández. El titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional da el primer paso para pedir la imputación del líder de Se Acabó la Fiesta, después de que Anticorrupción informara a favor de elevar la causa por presunta financiación ilegal al Tribunal Supremo.
El magistrado ha acordado esta diligencia en el marco de la causa en la que investiga una denuncia del empresario Álvaro Romillo contra el eurodiputado por un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos. Según declaró el empresario el pasado 20 de noviembre, este entregó 100.000 euros en efectivo al ahora europarlamentario justo antes de las elecciones europeas.
Romillo reconoció en sede judicial que el pago a Alvise lo hizo a la espera de "favores futuros", tanto por su influencia a través de su canal de Telegram como por su "futuro poder". En un primer momento, tal y como se desprende de los mensajes intercambiados por el empresario y Alvise, el influencer del mundo 'crypto' buscaba visibilidad para su negocio y Alvise "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas".
El juez Calama también citó a declarar para ese mismo día de forma voluntaria al eurodiputado sevillano. No obstante, Alvise rechazó acudir a la Audiencia Nacional y días más tarde remitió un escrito en el que se acogía a su condición de aforado, por lo que decidía solo declarar ante el Supremo si finalmente era requerido por el alto tribunal.
Anteriormente, la defensa de Alvise ya acusó al juez de "extralimitarse" en sus competencias al fijar una fecha concreta en lo que se supone que era una comparecencia voluntaria. "Mi patrocinado ostenta el cargo de eurodiputado electo y, en consecuencia, solamente puede ser investigado por el Tribunal Supremo por su condición de aforado", defendió su abogado.
Tras el informe a favor de Anticorrupción, el instructor solicita la acreditación de la condición de aforado de Alvise. Este sería el paso previo antes de que el magistrado remita una exposición razonada al Tribunal Supremo para pedir la imputación del político sevillano por un presunto delito de financiación ilegal.
Respecto al denunciante de Alvise, el juez sostuvo en el auto de apertura de diligencias que "de modo similar a lo que ocurre con la figura del soborno o cohecho, además de castigar a los que reciban las donaciones para la formación política" se extiende la punición a "quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores, por sí o por persona interpuesta". En este sentido, y tras la apertura de una pieza separada de investigación, el magistrado citó a declarar al denunciante de Alvise bajo la condición de investigado.
En paralelo, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro de la Audiencia Nacional dirige la investigación contra Romillo por una presunta estafa piramidal. Varios inversores del Madeira Invest Club denunciaron al empresario tras el cierre de la plataforma, dando lugar a la apertura de una causa compleja con varios investigados y conexiones con empresas en el extranjero.
Nuevo México y Orlando eran las ubicaciones promocionadas en las webs de 'Cryptospain' como el epicentro del negocio, no obstante, la cuenta donde se recibían los beneficios del selecto club de 'Crryptospain' estaba a nombre de una de las empresas del denunciante de Alvise, Sabroso Lda, con sede en Viseu. Las cuotas abonadas por los inversores eran abonadas a la cuenta de la sociedad portuguesa.
