El juez Marcelino Sexmero ha vuelto a negar la reapertura del Delcygate. El instructor de esta causa ha rechazado la petición de Vox explicando que los nuevos indicios aparecidos en el marco del caso Koldo nada aportan a estas diligencias, centradas exclusivamente en si se cometió delito con la presencia en España de Delcy Rodríguez la madrugada del 20 de enero de 2020. Al hilo explica que "la supuesta autorización de Pedro Sánchez" carece de relevancia penal.
El juez actúa en connivencia con lo plasmado por la Fiscalía la cual, como desveló este medio, también se negó a reabrir estas diligencias en los juzgados de Plaza de Castilla. El instructor expone que ya en abril de este año la formación política Vox pidió al juez que retomara las pesquisas a raíz de la publicación de una fotografía en el diario El Mundo que evidenciaría que la vicepresidenta de Venezuela pisó suelo español.
Esta nueva solicitud se produjo a tenor del informe que la UCO aportó al caso Koldo a comienzos de octubre, que desveló que la visita de la 'número dos' de Nicolás Maduro no fue esporádica ni que tampoco pretendía hacer escala. El comisionista de la red, Víctor de Aldama, fraguó una estancia de tres días en Madrid y acordó encuentros con empresarios de la órbita de Maduro, según se desprende de la agenda que preparó para Rodríguez.
"Los hechos no tienen relevancia penal"
Del mismo modo, consta cómo el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, estaba al tanto de este viaje y que así se lo hizo saber a Pedro Sánchez. "La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano)", le dijo Ábalos al líder del PSOE. En dicho mensaje le trasladó que la "gestión" había favorecido a empresas españolas como Duro Felguera, a lo que Sánchez respondió con un escueto "bien".
La Guardia Civil desveló la relación que mantenía Aldama con Delcy Rodríguez, así como sus gestiones con Venezuela para que Air Europa (para quien trabajaba como consejero) recuperara una deuda contraída por Caracas de 180 millones de dólares. Además, los agentes encontraron en uno de sus dispositivos móviles copia de un contrato de compraventa de 1.285 kilos de oro por 68 millones de dólares que Vox pidió igualmente investigar.
"No se acierta a entender la relación que pueda haber entre la presente causa, cuyo objeto era determinar la actuación en la presencia de un político venezolano en la terminal de Barajas, y el rescate o subvenciones gubernamentales a Globalia, una supuesta compra de oro para Bancasa y la intervención del tal Koldo y del Sr. Aldama sin que la supuesta autorización del presidente de aquella visita carezca de relevancia penal, pues no la tenía la del propio ministro (Ábalos), reza el auto.
La Fiscalía también se opuso
Cabe recordar que estas diligencias nacieron contra Koldo García -entonces asesor del exministro Ábalos- por la visita furtiva de Delcy Rodríguez a España, toda vez que no podía tocar suelo español por las prohibiciones de la Unión Europea. En el marco de la misma el Tribunal Supremo abrió causa contra Ábalos por presunto delito de prevaricación pero la terminó archivando porque, aunque constató que sí tocó suelo español, determinó que de esa actuación cabían responsabilidades políticas o administrativas, pero no penales.
Ahora, el juez recurre a dicho auto del alto tribunal y mantiene que estos nuevas pruebas aportadas por la Guardia Civil "no convierten en penalmente relevante los indicios señalados que ya el Tribunal Supremo entendió que tenían unos perfiles ajenos al Derecho Penal". Por todo ello concluye que los hechos relativos a Koldo García y al comisionista de la trama se tendrían que dirimir en el marco del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional.
La Fiscalía, por su parte, se pronunció en idéntico sentido asegurando que todo lo averiguado en este procedimiento del pelotazo de las mascarillas no tiene repercusión en la causa por la visita oculta de Delcy Rodríguez a España. "Es en ese procedimiento donde habrá de determinarse el alcance de dichas actuaciones, las personas que participaron o se beneficiaron de ellas, así como su significación penal, pero no justifican la reapertura de la presente causa", expuso.