Avances en la causa por la venta de la Torre Cepsa. El magistrado que investiga por presunto delito de blanqueo la operación del rascacielos ha citado en calidad de testigo al exvicepresidente de la petrolera, Pedro Roig, y a dos altos cargos de Bankinter para el próximo 5 de julio. El objetivo es esclarecer los detalles de la venta del edificio al jeque árabe Khadem Al Qubaisi en 2016, quien formalizó la operación con un crédito puente de 400 millones de euros a Bankinter.
Se trata de la primera vez que un exalto cargo de Cepsa comparece en estas diligencias que se remontan al año 2018. Junto con Miró Ortiz, también exconsejero delegado de la compañía, están citados la secretaria del Consejo de Administración de Bankinter, Gloria Calvo, y el director de organización de Madrid Banca Corporativa de esta entidad, Enrique Becerril. A este último se le convoca porque fue el alto cargo que gestionó la operación con Muscari Property BV; la sociedad instrumental que utilizó Al Qubaisi para ejecutar la compra de la Torre Cepsa.
Además, el instructor también reclama más documental a la secretaria del Consejo de Bankinter, según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli. En concreto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 le emplaza para que, en un plazo de tres días a contar desde este jueves, entregue a la Audiencia Nacional copia de la documentación que se puso a disposición de los consejeros en relación con la operación de activo a Al Qubaisi.
Informes internos de Bankinter
El magistrado solicita igualmente los informes de los departamentos de Asesoría Jurídica y órgano de Control Interno (OCI) relacionados con el crédito puente de 400 millones de euros que se concedió al jeque árabe para comprar a Bankia el segundo mayor rascacielos de Madrid. Asimismo, encarga a Ortiz certificar los directivos de Bankinter que realizaron la presentación de la operación ante el Consejo.
Se trata de la segunda ocasión en la que el instructor reclama documental sobre la millonaria operación a Bankinter. A mediados del mes de mayo, cuando llamó a declarar a la consejera delegada de la entidad, María Dolores Dancausa, reclamó el expediente completo del comité de riesgos y también la certificación del acta del Consejo. En su declaración en sede judicial, Dancausa defendió la legalidad de la operación y dijo que todo el Consejo la aprobó por unanimidad.
No obstante, también salió a relucir que la operativa -que le valió al banco la multa récord del Sepblac de 8,2 millones de euros por incumplimiento de la ley antiblanqueo- llegó al Consejo con una seria advertencia de riesgo reputacional. Esto es así porque cuando se autorizó el millonario crédito a Al Qubaisi en septiembre de 2016, ya se conocía que estaba siendo investigado en varios países por su implicación en una las mayores causas de corrupción de Asia: el desfalco del fondo de inversión malasio 1Malaysia Develpoment Berhad (1MBD).
Riesgo reputacional
Al Qubaisi, a quien la Justicia española busca por estos hechos, comenzó a aparecer en los medios por su implicación en este escándalo financiero a través de la Compañía Internacional de Inversiones de Petróleo (IPIC), que entonces presidía. Países como Malasia o Estados Unidos iniciaron investigaciones en relación a este desfalco con el que se malversó unos 5.000 millones de dólares.
Tanto el juez instructor como la Fiscalía quieren esclarecer la naturaleza de la compra de la Torre Cepsa, ante la sospecha de que el jeque árabe podría haber utilizado fondos procedentes de este caso de corrupción en la operativa. Del mismo modo se indaga por blanqueo de capitales el destino de la plusvalía cercana a los 100 millones de euros que Al Qubaisi se anotó con la segunda parte de la operación que consistió, a su vez, en la venta de la Torre a Pontegadea, el brazo inmobiliario de Inditex.
De hecho, tal y como informó en exclusiva Vozpópuli, en este tiempo han declarado tres empresarios imputados en la causa por participar en la operativa y, también los máximos responsables de las entidades bancarias implicadas en los hechos. Así, por ejemplo, el juez llamó a declarar a José Ignacio Goirigolzarri y otros cargos de Bankia para que se explicaran por este asunto. Los investigadores les preguntaron por el papel de Bankia, ya que era la propietaria de la Torre Cepsa antes de vendérsela al jeque árabe.
Las explicaciones de Goiri y Dancausa
El actual presidente de CaixaBank alegó que, efectivamente, el asunto se remonta a 2013, cuando Al Qubaisi- entonces presidente de Cepsa- alquiló el rascacielos por el que Bankia pagó 800 millones de euros. El acuerdo, que implicó el traslado de su sede al complejo de las Cuatro Torres llevaba aparejada una opción de compra que éste ejecutó en 2016. Lo llamativo de la operación es que el mismo día que se hizo con el rascacielos lo vendió a la sociedad de Amancio Ortega por 490 euros; es decir, obtuvo una plusvalía de 90 millones.
Goirigolzarri, al igual que Dancausa, negó irregularidad, alguna. Explicó que se actuó conforme al acuerdo de compra estipulado y que en aquel momento Bankia tenía que deshacerse de sus activos inmobiliarios en aras a cumplir con las condiciones pactadas tras su nacionalización. No obstante, sí admitió que en el momento en que se formalizó la venta, en 2016, seguían "con preocupación" las noticias en los medios internacionales en relación a las investigaciones por corrupción sobre Al Quabisi.
Tras él comparecieron la CEO de Bankinter y también de Pontegadea, Roberto Cibeira. La primera defendió el crédito a Muscary y dijo que no sospecharon de ninguna anomalía ya que sabían que el destino de los 400 millones era la sociedad inmobiliaria de Amancio Ortega. También negó contacto alguno con Bankia a lo largo de esta operativa. Cibeira, por su parte, avaló la operativa. Sin embargo, el juzgado -que ha librado comisiones rogatorias a Estados Unidos y Malasia- sigue adelante con las pesquisas y acuerda esta nueva tanda de citaciones para esclarecer la actuación de Bankinter.
