Dos semanas. Ese es el tiempo que ha tardado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, en lanzar el primer 'aviso' a David Marjaliza, el presunto cabecilla de la trama Púnica que abandonó la cárcel el pasado 30 de diciembre tras seis meses de colaboración con la Justicia y abonar un fianza de 100.000 euros. En una providencia fechada el pasado 14 de enero, el magistrado advierte al empresario amigo de Francisco Granados que, de no demostrar que está al corriente de pagos con las obligaciones tributarias de la casa que aportó como garantía de dicha fianza, "se procederá a remover su situación personal", en clara referencia a su reingreso en prisión. Marjaliza se ha apresurado a presentar un escrito acompañado del justificante de haber realizado la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales tras la reciente cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble, propiedad de una sobrina de 18 años que figura como titular de 14 viviendas.
El magistrado reclamaba al empresario el justificante de haber liquidado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de la casa que presentó como garantía
La advertencia del juez Velasco se producía después de que el Registro de la Propiedad de la localidad madrileña de Valdemoro, donde se encuentra situada la casa utilizada por Marjaliza para cubrir buena parte de la fianza, remitiera el 12 de enero un escrito a la Audiencia Nacional en el que se señalaba que los propietarios de la misma no habían presentado "la oportuna liquidación del impuesto" correspondiente al levantamiento definitivo de la carga hipotecaria que pesaba sobre la misma tras haber servido de garantía para un crédito de 127.500 euros. Dos días después de recibir dicho aviso, el magistrado dictaba la 'amenazante' providencia.
En la misma, Velasco apremiaba a Marjaliza a que corrigiese dicho defecto "con la prevención de que, de no hacerlo, se tendrá por insuficiente la fianza prestada y se procederá a remover su situación personal a la vista de estas circunstancias". En aquel momento, el empresario sólo llevaba en libertad quince días. El escrito del juez fue formalmente notificado a la defensa del constructor el 18 de enero. La respuesta del presunto cabecilla de la trama no se hizo esperar. Al día siguiente su abogado entregaba en la Audiencia Nacional un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que se adjuntaba el documento reclamado y pedía que, por tanto, se considerase subsanado el defecto registral para que su cliente siguiera en libertad.
La sobrina y el cuñado
La advertencia del juez Velasco es la última de las numerosas incidencias que ha registrado la fianza de Marjaliza desde que el magistrado la impuso el pasado 16 de diciembre. Aquel mismo día, la defensa del constructor señaló que su cliente no podía hacer frente a la elevada cantidad impuesta ya que tenía intervenidas judicialmente todas sus propiedades y sus cuentas bancarias desde su detención en octubre de 2014. Sin embargo, cinco días más tarde acudía a la Audiencia Nacional Paula Pinto Marjaliza, la hija de 18 años de la hermana del constructor, para poner en prenda un chalé de su propiedad en Valdemoro (Madrid). Dos días después, aportaba una escritura notarial y una nota de registro en la que se recogía que dicha vivienda, una de las 14 que un informe de la Guardia Civil de abril adjudicó a esta joven, no tenía ninguna carga tras haber abonado la hipoteca que pesaba sobre ella.
El juez Velasco fijó la fianza el 16 de diciembre. Marjaliza no pudo reunir los 100.000 euros hasta catorce días más tarde
Entre estos documentos figuraba "la carta de pago y cancelación" de la hipoteca, que había sido registrada ante notario el pasado 17 de diciembre, sólo un día después de que el juez dictara el auto para la libertad bajo fianza del empresario. En la misma, dos empleados de la entidad financiera que había hecho el préstamo, Caja España, certificaban que ya no pesaba ninguna carga sobre el inmueble después de que la misma hubiese servido para responder por 127.500 euros de un préstamo de cerca de un millón de euros concedido en el año 2000 a la sociedad Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana SL, una de las mercantiles de la trama de Marjaliza que éste utilizó para emitir facturas falsas.
Pese a todo, el inmueble fue considerado entonces insuficiente ya que los peritos judiciales lo tasaron en 176.795 euros, cifra que no alcanzaba el doble de la fianza impuesta que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando la cantidad no se consigna en metálico sino en bienes. Por ello, el mismo 30 de diciembre el juez dictaba un auto en el que denegaba la libertad solicitada. Sin embargo, horas después comparecía ante el magistrado un nuevo "fiador". Se trataba de Alfonso Luna, actual compañero de Ana María Marjaliza, hermana del constructor y madre de la propietaria de la vivienda, quien "como administrador único" de una empresa aportaba el justificante de haber ingresado en la cuenta de consignaciones del juzgado los 11.602,50 euros en metálico que faltaban. Inmediatamente después el juez dictaba la orden de puesta en libertad del cabecilla de la trama que ahora amenazaba con revocar.
