José María Fraile, alcalde socialista de Parla hasta su detención el pasado octubre dentro de la Operación Púnica, se enfrentó a cerca de media hora de interrogatorio en el que tanto el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, como la fiscal del caso, Carmen García, derrumbaron sus endebles coartadas con datos obtenidos en el transcurso de las pesquisas. Entre ellos, el contenido de conversaciones telefónicas intervenidas judicialmente en las que presuntos integrantes de la trama revelan cómo se repartieron jugosas comisiones por el contrato eficiencia energética de 66 millones de euros que el consistorio de la localidad del Sur de Madrid adjudicó a la empresa Cofely, cuatro de cuyos directivos también fueron arrestados. "Aquí cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tu, cobramos todos", le dice por teléfono uno de los implicados a otro tras amañar un falso informe de auditoría por el que cobrarían el 2% del total.
El juez Velasco preguntó al alcalde socialista de Parla si la empresa Cofely le había pagado con la elaboración de encuestas electorales "para su interés político"
El magistrado fue especialmente incisivo en sus preguntas al regidor socialista, al que bombardeó con preguntas sobre la elaboración del pliego de condiciones para adjudicar el millonario contrato. En su interrogatorio, el instructor llegaba a plantear si dicho trámite administrativo se hizo "para vestir al santo" a posteriori de haber tomado la decisión de beneficiar con el mismo a Cofely. Fraile no negó, como rechazó haberse reunido con representantes de la empresa antes de que el consistorio aprobase la adjudicación. O después para "hablar de cochechos, de contraprestación o de precios por adjudicaciones" como afirmaba el instructor. También rechazó que, cómo pago de ello, la multinacional de eficiencia energética le hubiera costeado una encuesta electoral en Parla "para sus interés político".
Sin embargo, las primeras respuestas siempre escuetas, la mayoría de ellas ceñidas al monosílabo "no", dejaron paso poco despues a numerosos "los desconozco" o "no lo recuerdo". El juez y, posteriormente la fiscal, habían empezado a echar mano de las pruebas que durante los meses anteriores había recopilado la Guardia Civil sobre las supuestas irregularidades. Entre ellos, la declaración de una técnico del propio Ayuntamiento, quien suspuestamente se había encargado de elaborar el pliego para el concurso. Esta empleada municipal contó a los investigadores que dicho documento lo había elaborado realmente la propia Cofely y que uno de sus comerciales, Pedro García, también detenido en octubre, acudía a las instalaciones municipales y se reunía con el propio alcalde y otros miembros de su equipo para añadir o quitar claúsulas al contrato.
Quitar y poner cláusulas
Una de estas clausulas que incorporó, y que concentra las sospechas de los investigadores, fue la obligación de realizar una auditoría sobre la ejecución del contrato por parte de una empresa externa a la que el Ayuntamiento iba a abonar el 2% del importe de la adjudicación. En total, 88.000 euros anuales que también salían de las arcas municipales, según destacó en varias ocasiones la fiscal. Esa sociedad era Ruta Energética, una sociedad "sin actividad" real y que pertenecía al constructor David Marjaliza, socio y amigo de Francisco Granados, exdirigente del PP madrileño. Según detalló la representante de Anticorrupción en sus preguntas a Fraile, dichos informes de auditoría eran finalmente elaborados por un trabajador de Cofely que "luego le pone el logo de Ruta Energética".
El pago de la supuesta comisión se hacía a través de una empresa sin actividad de David Marjaliza, el socio y amigo del exdirigente 'popular' Francisco Granados
Es, precisamente, una conversación telefónica intervenida entre este empleado de la multinacional de eficiencia enérgética "y otra persona implicada en la trama" la que detalla cómo ese 2% que abona el consistorio se repartía en 'mordidas' a políticos y comisiones a intermediarios. "Una vez que cobra Ruta Energética, ya cobramos nosotros, cobran ellos, cobro yo, cobras tu, cobramos todos". "Aquí queda claro cómo se reparten el dinero”, concluye la fiscal del caso. Finalmente, el juez acordó el ingreso en prisión de Fraile eludible con el pago de una fianza de 60.000 euros. Poco después de pisar la cárcel, el alcalde socialista conseguía reunir el dinero y salir de prisión.
