El ministerio del Interior tenía previsto desplegar a policías y guardias civiles en la tarde del viernes. Se trataba de tomar el control los locales señalados como centros de votación 48 horas antes del arranque del 1-O. Los efectivos llegarían en la tarde del viernes a colegios, centros cívicos y ambulatorios y allí permanecerían hasta la caída de la tarde del domingo. Sin moverse, sin necesidad de echar a nadie. Sin permitir la entrada de nadie.
Estas eran las ordenes dictadas por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, en un auto del martes. La orden contemplaba también que no se permitiera a votación en un radio inferior a cien metros de los colegios. Serian los Mossos quienes deberían llevar a cabo esta operación, de acuerdo con el ministerio público. Policía y Guardia Civil estaba preparada por si, en el caso de que el mayor Trapero mirara hacia otro lado, llevaran a cabo el operativo. Sin agobios, ni prisas, ni necesidad de retirar urnas o romper vidrieras. Los colegios electorales quedarían blindados a cal y canto. Al menos, en las grandes ciudades, que es de lo que se trataba.
La magistrada Armas se hizo cargo de la investigación del referéndum el miércoles. Y tomó algunas decisiones en una línea algo distinta a las del fiscal. Nada de entrar en los colegios el viernes. Sería el domingo. Nada de que fueran sólo los Mossos. Serían todos los cuerpos y fuerzas. Nada de prohibir votaciones a cien metros. Eso quedaba borrado.
El buque Piolín
Interior tuvo que reaccionar a la carrera. Los diez mil hombres que aguardaban en los barcos anclados en el puerto de Barcelona, en el fatídico buque Piolín, ya no dispondrían de tanto tiempo para completar la operación. Todo se circunscribía al domingo. Los activistas de la ANC y la CUP reaccionarios con presteza y en la noche del viernes comenzaron a ocupar los centros electorales con la excusa de que celebraban actos escolares. Acampadas, cantables, concursos de cartas... niños, abuelas, familias y, sobre todo, los jóvenes de los movimientos de agitación del separatismo, se hicieron con el control.
Hasta media hora antes de que arrancaran las votaciones del 1-O apenas se divisó un policía nacional, un guardia civil por el centro de Barcelona. Horas antes, los Mossos se paseaban por los colegios recibiendo aplausos, rosas y palmaditas de los ocupantes. Cuando se comprobó que el mayor Trapero no movía un dedo para evitar la consulta, ni una urna confiscada, ni un detenido, ni un colegio rescatado, el coronel Pérez de los Cobos, responsable máximo del operativo, no dio la orden del despliegue. Se llegó tarde y a trompicones. Ni había efectivos suficientes para controlar tantos puntos de votación ni se pudo culminar con el plan inicialmente establecido.
Faltaron dos días de preparativos para que todo hubiera salido algo mejor, comentan en fuentes del Gobierno. La decisión de la jueza Armas, posiblemente muy sensata, añaden estas fuentes, echó por tierra la planificación y forzó a un despliegue más acelerado que no pudo ejecutarse con la pulcritud y limpieza que se hubiera requerido. Se escucharon algunas quejas entre los mandos de Interior. "Se habrían evitado escenas innecesarias, se habría forzado menos la máquina, habría salido todo un poco mejor", comentan fuentes de Moncloa.
La magistrada Armas, independiente, valerosa, experimentada y muy estimada en su entorno, alteró el plan de acción previsto para las arduas jornadas de la consulta. Se acortaron los tiempos y se modificaron los esquemas. Hubo que improvisar, comentan estas fuentes. "Aunque si los Mossos hubieran hecho su trabajo, todo habría salido como corresponde", añaden. "Pero eso era un imposible, nadie contaba con que Trapero no inclinara la cerviz ante sus jefes y se olvidara de que, como policía judicial se debe a la Justicia y al Estado, que es quien le paga", concluyen.
