Oriol Junqueras y otros ocho demandados en el Tribunal de Cuentas por los gastos millonarios del procés han pedido al órgano que está pendiente de dictar sentencia por estos hechos que suspenda la tramitación de la causa. El exvicepresidente catalán y líder de ERC se ampara en el trámite de la proposición de ley de la amnistía en la cámara baja que anulará todas las causas de la deriva soberanista.
En un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, Junqueras explica que desde la celebración de la vista el pasado 17 de noviembre ha ocurrido un "hecho nuevo" en referencia a la admisión a trámite en la Mesa del Congreso de los Diputados de la proposición de ley que registró el PSOE en connivencia con sus socios independentistas para lograr la investidura de Pedro Sánchez.
Por ello aporta al Tribunal de Cuentas copia del boletín del Congreso que acredita la admisión del texto de la amnistía y también el informe jurídico de la Secretaría General del Congreso que dio el aval para que la Mesa pudiera iniciar su tramitación. Al respecto cabe recordar que los letrados de la cámara baja avalaron tramitar la ley de amnistía, aunque plantearon dudas sobre su encaje legal en la Constitución.
Tramitación de la amnistía
De esta forma, Junqueras trata de desactivar el procedimiento contable del procés tras el juicio del pasado 17 de noviembre contra el líder de ERC y otra treintena de exaltos cargos catalanes, entre los que se encuentran Carles Puigdemont o Artur Mas. La Fiscalía acusa a los demandados de un presunto desvío de fondos públicos de 3,4 millones de euros mientras que Sociedad Civil Catalana, que ejerce la acusación particular, eleva la cifra a mas de cinco millones.
Los hechos nuevos resultan relevantes a los efectos de suspensión del procedimiento puesto que acreditan y confirman la legalidad de la proposición de ley de la amnistíaEscrito de Oriol Junqueras
Cabe recordar que Puigdemont pidió que se suspendiera la vista días antes de su celebración, mientas que durante la misma la defensa de Oriol Junqueras también planteó que se dejara en punto muerto ante la redacción de la futura ley de amnistía. La consejera Elena Hernáez declinó la petición en consonancia con lo manifestado por la Fiscalía que reclamó que se mantuviera el juicio ante la ausencia de cualquier ley en vigor que amnistíe los delitos atribuidos.
Así pues, el juicio continuó adelante a expensas de que la consejera pronuncie su palabra final sobre si suspender la causa o seguir adelante a la espera de que se dicte sentencia. En este 'impasse' la defensa de Junqueras y de otros demandados (entre los que se encuentran la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y el exconsejero Raül Romeva) han vuelto a solicitar la suspensión esta vez amparándose en la tramitación de la proposición de ley.
Juicio en el Tribunal de Cuentas
"Los hechos nuevos que se amplían resultan relevantes a los efectos de adoptar la resolución que corresponda respecto de nuestra petición de suspensión del procedimiento, puesto que acreditan y confirman la tramitación y la legalidad (la ausencia de una manifiesta inconstitucionalidad prima facie a los efectos de admisión a trámite) de la proposición de ley, lo que reafirma la conveniencia, oportunidad y carácter ajustado a derecho de la suspensión", reza el escrito.
De acceder la consejera a lo solicitado por el líder de ERC, la causa del Tribunal de Cuentas se convertiría en el primer procedimiento de calado que se suspende como consecuencia de la nueva ley. El texto que redactó el PSOE junto con Junts y los republicanos engloba dentro del paraguas de la amnistía todos los hechos relacionados con el procés desde el 9-N de Artur Mas hasta el 1-O de Carles Puigdemont.
Así, además de archivarse los principales procedimientos penales sobre la deriva independentista, el redactado de la futura norma implicaría también el fin del juicio contable en el Tribunal de Cuentas, con la duda ahora de si se pondrá punto y final antes o después de que se dicte sentencia por estos hechos.
Pendiente de sentencia
Hasta el momento la ley de la amnistía ha provocado la suspensión de un juicio que estaba fijado para este mes de diciembre contra cuatro acusados de delito de desórdenes públicos por el corte de vías de la línea del AVE en octubre de 2018, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O.
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Girona suspendió la vista a petición de los acusados y con el criterio favorable de la Abogacía General del Estado que advirtió que la aprobación de la ley implicará la extinción de responsabilidad criminal de los encausados. El juzgado accedió a la petición al considerar que, aunque no la amnistía no se ha aprobado, sí se encuentra en tramitación parlamentaria.
En el caso del Tribunal de Cuentas la cuestión que se enjuicia es completamente diferente. La Fiscalía reclama 3,4 millones de euros por todas las acciones que los antiguos gobiernos catalanes impulsaron para sufragar los gastos del procés. De dicho monto solo 2,2 millones de euros se demandan por los gastos del Diplocat, el ente que diseñó la Generalitat para promocionar el proceso soberanista en el extranjero.
Por su parte, Sociedad Civil Catalana eleva el coste a 5,1 millones de euros por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y también la defensa de la causa fuera de España. Solo en gastos de alquiler de locales la plataforma cívica atribuye un desfalco de cerca de un millón de euros del que tendrían que responder Puigdemont; su exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Antonio Comín y Clara Ponsatí (huidos de la Justicia) y Dolors Bassa.
Valoriano
Lo que tu digas campeón. Si eres el que mandas y encima te apoya el que todos sabemos.... A ti había que cantarte las cuarenta y veinte en copas para que sepas lo que vale un peine. Abusadores.
vademecum
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