En una jornada marcada por el pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial en el que se elegirá al próximo presidente del Tribunal Supremo y del organo de gobierno de los jueces, el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechava para recordar una nueva reforma que su cartera introducirá en las próximas fechas: un proyecto de modificación del Código Penal para introducir la prisión permanente revisable, una pena aplicable a los condenados por terrorismo.
Al ser preguntado por la tendencia de los terroristas arrepentidos, Gallardón era tajante: "El criterio del Gobierno con los terroristas es rotundo. Creemos que el cumplimiento de las penas es una exigencia del Estado de Derecho y no se puede premiar de ninguna manera conductas que no supongan evitar el delito cometido, algo que es metafísicamente imposible. La modificación que manejamos ejemplificará el reproche de esta sociedad al terrorismo", explicaba.
La actualidad del día marcaba la pregunta sobre los recien adoptados acuerdos con el Eurogrupo, sobre los que el ministro remitía a las palabras del titular de Economía, Luis de Guindos, que lo había calificado como muy buenos acuerdos para España que va a ayudar a cumplir los objetivos del Gobierno. Según Gallardón, estamos en una situación en la que nadie puede pensar que de un día para otro va a venir desde fuera una solución mágica, y el esfuerzo debe ser continuado para evitar tener un país tan débil que nos lleve a situaciones como las que estamos viviendo ahora.
Constitucional y CGPJ
Sobre la retardada y esperada renovación de las vacantes del Tribunal Constitucional el ministro recalcaba que lo importante ha sido el poder llegar a un acuerdo, algo que ha sido imposible durante meses. "Se ha cumplido con el mandado constitucional, que nos dice que al margen de la opinión o la ideología nos pongamos todos de acuerdo en que esos candidatos son los adecuados. Lo positivo es que después de muchos meses los partidos políticos han estado a la altura, y eso es bueno para nuestra democracia", apuntaba.
En su opinión, la enemistad que ha cosechado entre una gran parte de los juristas se debe a la clara intención del Gobierno de reformar la manera en que el Consejo General del Poder Judicial elige a sus miembros y maneja su gestión. Acto seguido matizaba que "las asociaciones profesionales están conformes con el actual modelo de Consejo, no creen necesaria una modificación, y ese no es el criterio del Gobierno. Creemos que tenemos que ir al auténtico espíritu de la Constitución. Las asociaciones quieren mantener el actual Consejo, y nosotros, como partido político que ha obtenido mayoría en las elecciones defendemos una transformación profunda, y esto siempre provoca reticencias", declaraba Gallardón.
"Si no hubiésemos planteado un proyecto de auténtica regeneración no hubiesen surgido estas resistencias desde los sectores que quieren mantenerlo todo como está. La actitud conservadora no está en el Gobierno, nosotros queremos cambiarlo. Por encima de las victorias parlamentarias hay que buscar el máximo acuerdo posible. La regeneración es del todo irrenunciable para el Ejecutivo. El cambio lo vamos a abordar, pero nos gustaría encontrarnos en el camino con el apoyo de los partidos, especialmente el de la oposición", argumentaba un tajante Gallardón.
Por último, y también sobre el CGPJ, el titular de Justicia hacía referencia a la situación de escándalo que ha atravesado el órgano en los últimos meses, y recordaba que la actual situación exige un cierto comportamiento a todos los responsables. Gallardón cree que un órgano de gobierno de los jueces no puede ser noticia por cosas ajenas a su competencia, y defiende que la designación de los cargos no puede ser objeto de disputas políticas sino de un amplio acuerdo y gran consenso parlamentario. "Por eso, en lugar de imponer la reforma, nuestro modelos, hemos pensado que la mejor aportación es buscar un acuerdo para que los cambios de Gobierno no signifiquen cambios en la justicia", sentenciaba el exalcalde madrileño.
