Triunfo de las acusaciones populares en el caso Ghali. La Audiencia Provincial de Zaragoza ha tumbado la pretensión de la Abogacía General del Estado de expulsar de este procedimiento a las partes que litigan en calidad de acusaciones. La Audiencia se pronuncia en sintonía con lo manifestado por el juez instructor de la causa. Rafael Lasala también denegó la solicitud formulada por los servicios jurídicos del Gobierno, que representan a la exministra Arancha González Laya y a su exmano derecha Camilo Villarino.
La Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza explica que tanto el denunciante inicial como el abogado que se adhirió posteriormente a la causa actuaron conforme a la legalidad. Por ese motivo confirma la decisión que adoptó el magistrado Rafael Lasala el pasado 17 de septiembre y mantiene a las acusaciones populares, cuando se van a cumplir seis meses de existencia del procedimiento en el que se investigan supuestas irregularidades con la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario.
En su auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados explican, en lo que respecta al denunciante inicial, que cumplió con los trámites que marca la Ley. La Abogacía alegó en su recurso que el abogado Antonio Urdiales no había interpuesto querella como tal, requisito que establece la LECrim para dar luz verde a la personación. Tanto el instructor como la instancia superior admiten que el letrado presentó el escrito inicial (el pasado 1 de junio) con el título de denuncia. No obstante, reviste los requisitos de querella y se da por válido, ya que en ese mismo documento solicitó que se le tuviera personado en la causa.
Los servicios jurídicos del Gobierno -que en este caso concreto actúan en nombre de Villarino- cuestionan también la personación del abogado Juan Carlos Navarro. Según explican, éste no presentó querella cuando se adhirió a la causa en representación del empresario de origen marroquí Mohamed Rachad
Andaloussi y del exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras. Su caso, según recalca el auto, es diferente, porque este letrado impulsó con su denuncia las diligencias que arrancaron en los juzgados de Logroño por presunta falsedad en documento oficial de Brahim Ghali.
Al adherirse esas diligencias a la causa de Zaragoza, los denunciantes pidieron personarse para poder ejercer la acusación popular. Los magistrados recuerdan que la querella solo es exigible cuando se inicia el procedimiento. En su caso, dado que ya estaba empezado, no era necesaria. Además, la Audiencia de Zaragoza también desestima la petición de la Abogacía de que se les impusiera a todos ellos una fianza de 150.000 euros. De nuevo la Audiencia explica que, aunque es "regla general" reclamar cauciones a las acusaciones que litigan en causas penales, no siempre tiene por qué ser así.
El Gobierno riojano
"En ocasiones se elude por aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial atendiendo precisamente, a la finalidad de la fianza, que no va a ser otra que evitar en lo posible las acusaciones infundadas y garantizar las eventuales responsabilidades económicas del acusador, criterios que deben considerarse para fijar su cuantía en conjunción con los medios del obligado a prestarla (...)", reza el auto. Los magistrados explican que, aunque el juez instructor podía haber sido "algo más expresivo" con los motivos que le llevaron a no reclamar fianzas, en realidad "no pueden sino respetarlos".
El pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Zaragoza se produce en pleno auge de la investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. Este mismo viernes declaran nuevos testigos, entre los que se encuentran el jefe de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, así como del coordinador de cuidados críticos del Hospital de Logroño, Fernando Martínez Soba; el gerente del hospital Alberto Lafuente y Olga Llaria, la empleada del hospital que cumplimentó el documento de su admisión.
El magistrado Lasala acordó citar a estos testigos tras las explicaciones facilitadas por Villarino en sede judicial. El exjefe de gabinete de Exteriores precisó que Laya le facilitó los contactos de la Presidencia de La Rioja para que gestionase el traslado de Brahim Ghali desde el aeropuerto de Zaragoza hasta el Hospital San Pedro, donde ingresó con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. Según explicó, cuando se enteró por los medios de que la persona en cuestión era el líder del Frente Polisario llamó a Sastre para preguntarle si era cierto y éste se lo confirmó.
Ingreso organizado
Cabe recordar que los testigos que comparecen hoy ante el juez ya respondieron a las preguntas formuladas por la Policía Nacional el pasado mes de julio. Al respecto, Martínez Soba explicó que el gerente, dos días antes del aterrizaje de Ghali en España, el 16 de abril, le dijo que necesitaría una cama en la UCI para un paciente con covid que provenía "del extranjero". El gerente precisó, a su vez, que las indicaciones las recibió de Eliseo Sastre, de quien dijo que "presta servicios de apoyo directo" a la presidenta de La Rioja, Concha Andreu.
Tanto el médico como el gerente confesaron a la Policía que se enteraron a través de la prensa de que Benbatouche era en realidad el líder del Frente Polisario. Los agentes concluyeron en el oficio remitido al juzgado que no habían podido esclarecer ni quien firmó el ingreso de solicitud de este paciente (el cual, al ser extranjero, no va financiado por el Sistema Nacional de Salud) ni tampoco quién entregó el pasaporte falso o las fotocopias en el momento de su ingreso, que se produjo en la UCI debido a la gravedad de su estado de salud.
La documental hospitalaria que obra en la causa, y a la que ha tenido acceso este medio, demuestra cómo Ghali fue internado en el centro de médico con una identidad y un número de filiación ficticio. En el formulario de triaje se recoge que su ingreso se produjo el 18 de abril a las 22.45 de la noche y que era un paciente contagiado de coronavirus. Hasta la fecha ninguna de las personas que han declarado en el procedimiento han esclarecido lo relativo al pasaporte falso de Ghali. El Ejecutivo -y Laya en su declaración ante el juez- mantienen que no hay irregularidad alguna, que el activista saharaui llegó procedente de Argelia con pasaporte diplomático (que no se le solicitó porque no era necesario) y que se le acogió por razones humanitarias.
