Mariano Rajoy le comentó a todos los interlocutores políticos que desfilaron días atrás por Moncloa que no cree que sea necesario recurrir al artículo 155 de la Constitución, que dota de poderes especiales al Ejecutivo para suspender a una Comundidad de determinadas competencias y responsabilidades. Interior y Justicia podrían ser las primeras. El Parlament abre este lunes sus sesiones para aprobar una moción independentista con la que abrirá el camino al denominado 'proceso de desconexión'. La respuesta del Gobierno será 'inmediata y proporcional'.
El artículo 155 es un recurso legal que hasta ahora no se ha utilizado, por lo que no están claros ni sus límites ni su proceso de ejecución
El artículo 155 está señalado como el último recurso del Gobierno para frenar la deriva secesionista del Parlament. No entra en los planes de Rajoy la posibilidad de utilizarlo, pero todo está previsto, engrasado y aquilatado por si se produce algún tipo de sorpresa fuera de control en el frente soberanista. El presidente tiene en su mesa de trabajo el estudio jurídico sobre el artículo en cuestión, con diferentes posibilidades de desarrollo y aplicación. Se trata de un recurso legal que hasta ahora no se ha utilizado, por lo que no están claros ni sus límites ni su proceso de ejecución. Pero se trata del 'gran cañón Berta' que los juristas del Estado han desempolvado y ajustado por si surge la necesidad siquiera de mostrarlo.
El equipo de crisis, movilizado
Este lunes el equipo de crisis del Gobierno, coordinado por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, armada con un despliegue de técnicos y asesores y con el refuerzo de los ministros de Interior, Justicia y Hacienda, se pondrá en alerta para hacer un seguimiento al minuto sobre la evolución de los acontecimientos en el Parlamento catalán. No está claro, por ejemplo, si los partidos constitucionalsitas, que recurrieron la moción antes el TC, se personarán a la hora del voto o se ausentarán de la sesión. Lo que está claro es que Carme Forcadel, la presidenta del Parlament, está dispuesta a todo, como así lo declaraba este domingo. "Llegaré hasta donde haga falta, hasta donde sea", proclamaba a los cuatro vientos. Pretendía la ex líder de la ANC responder a las palabras de Santamaría que la señaló expresamente a la hora de atribuir responsabilidades legales a lo que ocurra a partir de ahora en el ámbito del legislativo catalán. Con un Gobierno en funciones, un presidente en funciones y sin haberse celebrado aún la ceremonia de investidura del nuevo president, el Parlamento es el único poder de facto que funciona en estos momentos de transición en Cataluña, según se comenta en fuentes de la abogacía del Estado.
El Ejecutivo tiene también sobre su mesa el informe elaborado por la abogacía del Estado que servirá de base al recurso que en su momento, quizás este mismo miércoles, presentará ante el Tribunal Constitucional. Este texto subraya que la ponencia separatista, que recibirá sin duda el aval de Juntos por el Sí y la CUP, vulnera al menos cuatro artículos de la Carta Magna y dos del Estatut. Tiene también efectos jurídicos, como por ejemplo los que hacen referencia al propósito de tramitar las leyes de la Seguridad Social y la Hacienda pública en clave soberanista. Para dotarse de más armamento jurídico, Moncloa remitirá este texto al Consejo de Estado, que se pronunciará sobre el particular, pese a que su resolución no es vinculante. Después se llevará a cabo el recurso ante el TC, que, en el caso de que lo admita a trámite, quedará suspendido de hecho el acuerdo de la Cámara y se procederá a un plazo de 15 días para que el Parlament presente sus alegaciones.
El TC podrá hacer uso de requerimientos, multas y otras disposiciones, como la suspensión en el cargo de la autoridad que no acate sus disposiciones
Puede ocurrir que la presidenta de la Cámara opte por ignorar la disposición del TC y prosiga la tramitación legislativa de cuanto se propone en la moción secesionista. Es entonces cuando se entraría en un escenario de complicada solución. El Constitucional, luego de la reforma de su ley orgánica, tramitada en solitario por el Gobierno hace dos meses, está dotado de atribuciones especiales para ejecutar sus sentencias. Nunca ha ocurrido y de ahí las incógnitas sobre los pasos a seguir. El TC podrá hacer uso de requerimientos, multas y otras disposiciones, como la suspensión en el cargo de cualquier autoridad que se niegue a acatar sus disposiciones.
Moncloa confía en que impere el sentido común y que la situación no se desborde fuera de los límites de lo razonable. Pero es posible que se produzcan situaciones imprevistas. El pulso entre el bloque soberanista, con Carme Forcadell al frente, y el aparato jurídico del Estado, con el Constitucional en la proa del Estado, puede alargarse por espacio de al menos treinta días, tal y como se menciona en la propia moción soberanista. Es decir, que es muy posible que nos situemos en el calendario en una fecha próxima a las elecciones generales. En cualquier caso, en Moncloa se trabaja con un escenario muy amplio de posibilidades, aunque la más razonable se basa en la convicción de que no sea necesario aplicar medidas contundentes antes del 20D.
