La actuación de la Guardia Civil ante la avalancha de inmigrantes el pasado 6 de febrero en Ceuta está siendo cuestionada desde diferentes prismas. Las ONG han denunciado tanto supuestos disparos de pelotas de goma a los subsaharianos como una presunta devolución ilegal de los sin papeles a Marruecos. Sin embargo, desde fuentes del Instituto Armado conocedoras del incidente en la frontera se apunta a un aspecto clave en el desarrollo de los acontecimientos: "Carecemos de un protocolo de actuación". "No somos abogados, somos guardia civiles", recalcan.
En este sentido, las fuentes consultadas por Vozpópuli ponen el foco en la pasividad del Ministerio del Interior para aprobar una regulación al respecto que ofrezca mayores garantías jurídicas tanto a los agentes como a los inmigrantes en este tipo de asaltos masivos. Así, quieren poner fin a las "improvisaciones" o a la decisión única del mando del turno sobre el terreno.
Y es que, según explican, no cuentan con un manual que precise cómo actuar ante escenarios distintos: ya sea cuando los sin papeles se encuentran "en tierra de nadie", tras la aduana española, cuando se aproximan a nado, o cuando se suben a la valla fronteriza con intención de cruzarla. Este reclamo ha sido elevado por la Guardia Civil al Ministerio del Interior en más de una ocasión, pero tal petición no ha sido atendida y ha quedado guardada en un cajón. El titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, comparece este jueves en el Congreso para explicar la respuesta de la Guardia Civil en un suceso que ha dejado ya 15 muertos.
Además, las mismas fuentes echan en falta más medios en estas zonas complicadas de las ciudades autonómas. Así, por ejemplo, demandan una mayor presencia (no necesariamente fija) de la unidad de antidisturbios de la Guardia Civil en estos puntos calientes. Los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), conformados por 1.680 agentes, tienen ocho bases en la geografía española (Barcelona, León, Sevilla, Valencia, Pontevedra, Zaragoza, Tenerife y Madrid) y se desplazan por el resto del territorio nacional de forma itinerante. Asimismo, desde el Instituto de las Fuerzas Armadas creen necesario un reforzamiento de la vigilancia marítima y terrestre en las costas de Ceuta y Melilla.
Los agentes piden una regulación que ofrezca mayores garantías jurídicas tanto a los agentes como a los inmigrantes en este tipo de asaltos masivos
Por su parte, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, insistió ayer en que "es rotundamente falso" que agentes del Cuerpo dispararan a los flotadores de los subsaharianos y emplazó a quienes sostienen esta versión a que aporten las pruebas que lo demuestren. Delgado quiso poner en valor "la tarea humanitaria que desarrolla la Guardia Civil con los inmigrantes".
Contra los jesuitas y los mercedarios
Entretanto, el Ministerio del Interior estudia replicar con una "querella criminal" a quienes hayan "injuriado, calumniado y hasta presentado denuncias falsas" contra la actuación de la Guardia Civil. Así, lo manifestó ayer el director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, en su visita a la Comandancia de la ciudad autonóma. La principal denuncia contra los "abusos" del Instituto Armado en su respuesta a los sin papeles fue presentada el pasado lunes ante la Fiscalía General del Estado por una veintena de ONG, que dan credibilidad a la tesis de que los agentes lanzaron pelotas de goma y botes de humo a los subsaharianos.
Se da la circunstancia de que entre las organizaciones firmantes del escrito se encuentran algunas vinculadas a órdenes religiosas como el Servicio Jesuita de Atención a Migrantes (SJM) o la Fundación Merced Migraciones, proyecto impulsado por los mercedarios. Con esta amenaza de querella, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, católico confeso, no deja en muy buen lugar a estas organizaciones en la labor humanitaria que desempeñan.
