La primera fase de la 'privatización' de la seguridad de las cárceles españolas está a punto de empezar. El próximo 15 de abril, el Ministerio del Interior enviará a 21 de sus 74 centros penitenciarios a los primeros 250 vigilantes jurados que, según el proyecto, irán poco a poco sustituyendo a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad que vigilan el exterior de los mismos. Entre las prisiones afectadas por esta primera tanda hay 17 que tienen entre sus internos a miembros de ETA. En total 209, aunque más llamativo que el número (la cifra supone cerca de la mitad de los etarras recluidos en España), es la identidad de los que dentro de unos días serán vigilados, al menos en parte, por agentes privados de seguridad: Arnaldo Otegi y destacados exdirigentes de la banda armada como Francisco Mújika Garmendia 'Pakito'; Jose Javier Zabaleta Elósegi, 'Baldo'; Juan Lorenso Lasa Mitxelena, 'Txikierdi'; Santiago Arróspide Sarasola, 'Santi Potros', e Isidro Garalde Bedialuneta, 'Mamarru', entre otros.
En una primera fase, se incorporarán dos guardias de seguridad en cada turno de vigilancia de las cárceles afectadas por la medida. En total, cerca de 250 vigilantes
El plan de Interior, según revelan documentos internos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso este diario, es que a partir del 15 de abril se incorporen dos vigilantes privados en cada turno de vigilancia (entre ocho y diez en total por centro) como "un refuerzo, al menos en la fase inicial". "En un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias podría inciarse una sustitución progresiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por miembros de la seguridad privada", añade a continuación el informe que explica que los detalles del 'despliegue' de vigilantes jurados se decidió en una reunión celebrada el 22 de febrero en el Gabinete de Coordinación y Estadios de la Secretaría de Estado de Seguridad. De los centros afectados por la medida, el documento detalla que en 19 de ellos la seguridad exterior depende hasta ahora de la Guardia Civil y en los otros dos, del Cuerpo Nacional de Policía.
Lo que no especifica el documento es el criterio elegido para seleccionar los 21 primeros centros que se incorporan a esta "experiencia piloto". Fuentes de Interior declinaron este lunes a preguntas de este diario detallar qué elementos se habían tenido en cuenta para descartar unas prisiones y elegir otras. "Ya se explicará", se limitaron a afirmar. Sin embargo, llama la atención que entre los centros donde se va a poner en marcha la medida no haya ninguno de los seis centros de la Comunidad de Madrid, los más importantes por el volumen de presos y, sobre todo, por el tránsito que se registra en ellos, ni los tres del País Vasco. También, que de los 21, salvo cuatro (Alicante II, Pamplona I, Teixeiro-La Coruña y Mallorca), todos cuenten con etarras en sus celdas. Se trata de las prisiones de Algeciras, Puerto I, Puerto II, Castellón I, Castellón II, Córdoba, Daroca (Zaragoza), Huelva, Mansilla (León), Logroño, Murcia II, Dueñas (Palencia), A Lama (Pontevedra), Topas (Salamanca), Sevilla II, Valladolid y Zaragoza.
En esta última, por ejemplo, se encuentran recluidos 22 etarras, entre ellos cuatro destacados miembros de la organización: 'Santi Portos', 'Baldo', 'Pakito' y Juan Luis Agirre Leite. Otros centros seleccionados en esta primera fase y que cuentan con relevantes miembros de la banda armada en sus celdas son las de Sevilla II (donde estan 'Txikierdi' e Ignacio Arakama Mendía, 'Makario'), Puerto I ('Mamarru'), Murcia II (Josu Arkauz Arana, 'Josu de Mondragón'), A Lama (José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri') y Logroño. En esta última, donde permanecen recluidos siete miembros de la organización según los listados que maneja la asociación de familiares de presos Etxerat, se encuentra Otegi, máximo líder de la izquierda abertzale y futuro secretario general de Sortu.
Seis empresas en una UTE
En principio, los vigilantes jurados que se incorporarán dentro de dos semanas (ya ha habido varios retrasos a la puesta en marcha, prevista inicialmente para principios de enero) serán antiguos escoltas destinados en el País Vasco y Navarra a los que el fin de la violencia terrorista ha dejado en el paro. De hecho, las seis empresas a las que Interior ha invitado a participar en el proyecto (Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnisa) son las que más personal tenían destinado a la protección de políticos en ambas comunidades autónomas. Todas ellas se han unido en una UTE que se ha llevado los contratos ofertados sin concurso público ni publicidad por cuestiones de seguridad. Los documentos internos de la Guardia Civil destacan que las labores de estos vigilantes de seguridad se limitarán de momento "a la vigilancia de garitas, control de accesos y del CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)" y siempre "bajo la dirección y constante supervisión de los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "En esta primera fase nunca actuarían en solitario", recalca el informe oficial, que añade que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos" de las unidades de guardias civiles y policías "al menos en su fase inicial".
Las empresas Ombuds, Prosegur, Seguriber, Vinsa, P3 y Prosetecnisa se han adjudicado la seguridad de las 21 primeras cárceles integradas en una UTE
Sin embargo, esa reducción de efectivos policiales sí está en la génesis del proyecto. De hecho, la idea de privatizar la seguridad de las prisiones fue lanzada el pasado mes de marzo por Interior con, según destacaron entonces, un doble objetivo: dedicar el mayor número de efectivos de las Fuerzas de Seguridad a la lucha contra la delincuencia en un momento en el que la oferta de empleo público impide incluso reponer las bajas por jubilación que se van a producir anualmente en Guardia Civil y Policía, y, en segundo lugar, 'colocar' a los escoltas privados del País Vasco y Navarra. Ambos argumentos fueron rechazados desde el primer momento tanto por funcionarios de prisiones como por los sindicatos y asociaciones profesionales de los agentes afectados por las medidas, que alertaron sobre los hipotéticos problemas de seguridad que el cambio de modelo de seguridad puede provocar en los centros penitenciarios.
Sin embargo, Interior ha hecho en todo momento oídos sordos a estas críticas y ha continuado con su plan. Las empresas de seguridad también. Y las academias que se encargar de formar a los aspirantes no tardaron en lanzar los primeros cursos con módulos específicos para la vigilancia de prisiones. En internet se ha podido ver en los últimos meses, por ejemplo, como una de éstas ofertaba uno de cinco semanas de duración por 790 euros. En la descripción del mismo, destacaba un apartado para "seguridad y disciplina penitenciaria" y señalaba a los aspirantes que si finalmente consiguen un trabajo para custodiar una cárcel, estarán "bajo la supervisión de la Guardia Civil y Policía Nacional".
Contradicciones en Interior
Lo cierto es que la polémica y las imprecisiones sobre el alcance real del plan han rodeado a éste desde sus inicios, incluso con declaraciones contradictorias de los máximos responsables de Interior. Así, el pasado verano, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, compareció en la comisión de Interior de Congreso de los Diputados y anunciaba por sorpresa que los vigilantes privados no sólo optarían a sustituir a policías y guardias civiles en la custodia exterior de las cárceles, sino que también relevarían a los propios funcionarios de prisiones en determinadas funciones dentro de las prisiones. Ulloa puso como ejemplo “mirar un monitor de seguridad dentro de la cárcel”. El número 2 de Interior justificó la propuesta en la imposibilidad por la crisis de crear las 1.800 nuevas plazas de funcionarios necesarias para hacer frente a la futura apertura prevista de varios centros penitenciarios.
El anuncio provocó entonces la inmediata respuesta de los sindicatos de prisiones. La organización mayoritaria, ACAIP, denunció que detrás del argumento del ahorro se escondía la intención del Gobierno de beneficiar a las empresas privadas de seguridad. Las críticas sindicales llevaron entonces al máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, a convocar a todos los sindicatos a una reunión extraordinaria de la Mesa Delegada. En ella, Yuste, aseguró que las palabras de Ulloa eran fruto del debate parlamentario, pero negó que Interior hubiera puesto en marcha ninguna “iniciativa ni proyecto” para sustituir a funcionarios de prisiones por vigilantes jurados como se deducía de las palabras del 'número dos' del departamento. Eso sí, el secretario general de IIPP reconoció que la falta de personal hacía necesario “general alternativas sostenibles y eficientes” para cubrir las vacantes, pero no las concretó.
