Miquel Roca, abogado de la Infanta Cristina, declaró ante la policía que fue víctima de chantaje por parte de Manos Limpias. El letrado explicó a los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que el sindicato le ofreció retirar la acusación contra Cristina de Borbón, en el banquillo por el caso Nóos, a través de un directivo de Banco Sabadell. Precisamente, Roca es el actual secretario del consejo de la entidad que preside Josep Oliu. Manos Limpias buscó esta conexión directa para establecer contacto con el letrado de la Infanta.
En su explicación a la policía, Roca detalló que mantuvo una reunión en Madrid con el director de la asesoría jurídica de Sabadell. Según fuentes de la investigación, citadas por el periódico El País, fue este directivo quien trasladó al abogado de la Infanta que el sindicato estaba dispuesto a retirarse como acusación popular en la causa abierta por fraude fiscal contra la hermana del Rey a cambio de una compensación económica de tres millones de euros.
Una vez escuchadas las explicaciones del directivo, Roca no sólo decidió acudir a declarar a comisaría sino que también convenció al empleado de Sabadell para que lo hiciera. Éste lo hizo a título personal para concretar a los agentes de la UDEF la supuesta oferta del sindicato. Finalmente, ambos acudieron ante la UDEF acompañados por otro abogado de su despacho.
Otro de los abogados de la Infant, Pau Molins, ha confirmado que Manos Limpias le pidió una cantidad de dinero "absolutamente desorbitada" a cambio de retirar la acusación. En declaraciones al canal 3/24 este viernes recogidas por Europa Press, ha considerado que se trata de un "chantaje" inaceptable, que puso de inmediato en conocimiento del juez.
Este viernes la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía ha detenido al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, y al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, por extorsión, organización criminal, fraude contra la hacienda pública, falsedad documental y fraude en subvenciones, según han informado a este diario fuentes del Ministerio del Interior.
