Son los datos que maneja la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública. Desde marzo de 2020 y hasta abril de 2021 -incluido- se han tramitado multas por quebrantar las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia del coronavirus por un valor total superior a 172 millones de euros. Todas ellas se han tramitado por desobediencia o resistencia a la autoridad, en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
En concreto, los datos de los que dispone la Secretaría de Estado y a los que ha tenido acceso Vozpópuli detallan que entre marzo de 2020 y abril de 2021 se han tramitado o están pendientes de tramitación 238.164 expedientes sancionadores por incumplimiento de la ley de Seguridad Ciudadana, con una inmensa mayoría relacionadas con el incumplimiento de las medidas adoptadas por la crisis sanitaria.
Los meses más prolijos fueron noviembre y diciembre, con más de 26.000 casos en cada uno de ellos. Por el contrario, los datos reflejan que la imposición de sanciones se relajó en los meses de verano, en julio y agosto, con 13.000 y 10.000 expedientes en cada uno de ellos. Las estadísticas no recogen los datos de Cataluña y País Vasco por tener transferidas las competencias sancionadoras en esta materia.
Cabe recordar que durante este periodo de tiempo hubo dos estados de alarma: el que se prolongó del 14 de marzo de 2020 al 20 de junio de ese año y el que se decretó el 25 de octubre hasta este próximo fin de semana. Las sanciones impuestas no dependían de la vigencia de ningún estado de alarma, puesto que se basaban en el incumplimiento de la Ley Orgánica 4/2015, cuyo artículo 36.6 reza del siguiente modo: "[Son infracciones graves] la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación".
El total de las multas
De acuerdo a los mismos datos, los casi 240.000 expedientes sancionadores se traducen en multas por un total de 172.002.126 euros. A continuación, el desglose mes por mes con las estadísticas.
Fuentes del Ministerio del Interior recuerdan que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska "no tiene competencia alguna en la tramitación de las propuestas de sanción". En concreto, la competencia en materia sancionadora corresponde a cada comunidad autónoma, mientras que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno son las encargadas de tramitarlas.
Más datos. De acuerdo a los datos facilitados por el Gobierno al Partido Popular en una respuesta parlamentaria, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado plantearon 1.370.164 propuestas de sanción durante el primer estado de alarma y durante los cuatro primeros meses del segundo. De esos, sólo 152.394 se tramitaron como multa; el 90% de los expedientes no llegaron a concretarse.
El fin del estado de alarma
¿Y a partir del próximo 9 de mayo? El Gobierno no prolongará el estado de alarma vigente y delega las decisiones sobre las restricciones a las comunidades autónomas. Para articular las medidas región por región, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto para que la Sala Tercera del Tribunal Supremo se pronuncie en casación en caso de que los tribunales superiores de Justicia rechacen la aplicación de las restricciones decretadas por cada gobierno regional.
Como contó Vozpópuli, policías y guardias civiles lamentan que el Gobierno no haya legislado en el último año para dotarles de nuevas herramientas en el cumplimiento de las restricciones derivadas de la pandemia. Y que los expedientes sancionadores deban basarse, más de un año después, en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.
