Podemos está dispuesto a llevar el caso del almacenamiento subterráneo de gas de la planta Castor, ubicado a 22 kilómetros de la costa de la localidad castellonense de Vinaròs, al Parlamento europeo. De hecho, según ha podido saber Vozpópuli, el partido de Pablo Iglesias ya piensa en su eurodiputada Teresa Rodríguez-Rubio, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, para pedir la mediación de las instituciones europeas en este conflicto que enfrenta a Ministerio de Industria, la concesionaria Escal UGS, de la que ACS tiene un 66,6%, y los ciudadanos.
Las opciones que maneja Podemos van desde inclinarse por la "nacionalización" hasta exigir el "cierre definitivo". El funcionamiento de esta plataforma marítima se suspendió en septiembre del pasado año tras registrarse más de 500 seísmos en el norte de la provincia de Castellón.
Desde la coordinadora de círculos de Podem País Valencià, su portavoz, José María Copete, declara que dicha suspensión "es un triunfo popular, fruto de una movilización en comarcas que no están densamente pobladas, lo que tiene más valor aún al conseguir parar unas actividades que iban en contra de los intereses de los ciudadanos y de su seguridad". Esta coordinadora agrupa a 96 círculos del mismo número de localidades de la región.
Además, añade Copete, "hay que tener en cuenta que la provincia de Castellón es una zona profundamente caciquil, donde la familia Fabra lleva 150 años haciendo lo que quiere, comprando votos, enchufes y dominando". "Esta movilización ha servido para construir soberanía popular, para hacer ver que los de arriba no hacen las cosas por el bien de los de abajo, sino porque les interesa", indica.
Copete hace hincapié en cómo organizaciones ecologistas y ciudadanas de la zona, entre ellas la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, no han denunciado únicamente que las inyecciones del gas estaban provocando seísmos, sino también "irregularidades en el presupuesto, corrupción". Según el portavoz de Podem País Valencià, "la decisión sobre el cierre definitivo o no del Castor corresponderá al pueblo, a las personas que viven en las zonas afectadas por esas instalaciones, y así también iremos construyendo democracia participativa".
La "opacidad" que rodea al Castor "es reflejo de una forma de gobierno, la de los favores a determinados 'amiguetes' y redes clientelares", señala un portavoz de Podem País Valencià
En la misma línea, Copete no comparte que en caso de cierre, la indemnización a Florentino Pérez, dueño de la concesionaria del Castor, salga de los Presupuestos Generales del Estado. A su juicio, "no encontramos aquí con un problema constante en las instituciones, la existencia de contratas, conciertos o convenios, que si bien están hechos conforme a la ley, no benefician a los intereses de la mayoría, sino de unos pocos". Apela así a la fórmula del "interés general", como ha hecho Compromís, para evitar que el Estado pague la indemnización a Florentino Pérez.
Respecto a una eventual "nacionalización" de la planta Castor, escenario que también está sobre la mesa y que implicaría una indemnización reducida (vía justiprecio), Copete la ve como una "opción", pero apuesta al mismo tiempo por "meter cuñas legales" para un mejor cumplimiento de futuros contratos y concesiones de este tipo.
Por su parte, el responsable de Comunicación de la misma coordinadora, David Marcos, afirma que Podem País Valencià está en contra de un proyecto que "supone profundizar en los ataques al medio ambiente sólo para que una minoría acumule riqueza". En sentido, señala que la "opacidad" que rodea a esta estructura gasística "es reflejo de una forma de gobierno, la de los favores a determinados 'amiguetes' y redes clientelares".
En relación al dueño de ACS, Marcos sostiene que "el caso de Florentino Pérez no es aislado. No son manzanas podridas, es toda una manera de gobernar de la que PSOE y PP son corresponsables". Por contra, la apuesta de Podemos pasa, según relata, por las "energías renovables y una economía sostenible, al servicio de las personas y del planeta, no de la casta económica".
El programa electoral con que el partido de Pablo Iglesias concurrió a las europeas del pasado mayo contempla el "cierre programado de las centrales de gas y de carbón, así como la prohibición del fracking, la megaminería, la importación de agrocombustibles y el acaparamiento de tierras con fines energéticos". Además, aboga por un "plan de rápido desarrollo de energías renovables mediante la inversión pública y dotado de una dotación suficiente en I+D".
CiU pide el "desmantelamiento total"
Asimismo, CiU ha registrado una propuesta de resolución en la Comisión de Empresa y Empleo del Parlamento catalán para pedir al Gobierno de Mariano Rajoy el "desmantelamiento total" del almacén de gas subterráneo. El texto presentado por la diputadas convergentes Annabel Marcos y Mertixell Roigé pide también que se determinen las responsabilidades técnicas y políticas a través de la Comisión Europea, en el supuesto de que se hayan producido actividades incompatibles con las directrices europeas sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural, informa Ep.
Los bonistas de Escal están convocados este lunes a una reunión para dar su visto bueno a la devolución de la concesión, que regresaría a manos del Estado. A partir de aquí, el Ministerio de Industria abrirá una negociación con ACS para acordar una quita al coste del proyecto, que algunas fuentes sitúan en torno al 50% sobre el valor final que determinen las auditorías encargadas por el departamento de José Manuel Soria (700-800 millones de euros). Si el Estado declara de "interés general" el cierre de planta Castor o apuesta por su "nacionalización", este importe, procedente del erario público, se vería reducido considerablemente.
En un principio, este almacén de gas estaba presupuestado en unos 700 millones. Sin embargo, Soria señaló en octubre que el coste ronda los 1.700 millones, lo que supone 2,5 veces más.
