El hijo de Brahim Ghali no entró en España con su permiso de residencia porque éste se expidió cuando ya estaba en suelo español. La Jefatura Superior de la Policía de Aragón así lo ha comunicado en un oficio al magistrado Rafael Lasala que investiga la entrada y salida de España del líder del Frente Polisario por posibles delitos de prevaricación y falsedad documental. Los agentes cumplen con el requerimiento del instructor de la causa, que quiere esclarecer si tenía este permiso en regla, después de que Camilo Villarino, exjefe de gabinete de la exministra de Exteriores, así lo confirmara.
De acuerdo con el oficio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Luali Brahim Sid el Mustafá logró esta tarjeta el 23 de abril de este mismo año. Cinco días antes aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza junto con su padre, al que se le trasladó a un hospital de Logroño debido a su infección de coronavirus. Estas conclusiones policiales vienen a contradecir la versión de Villarino acerca de que viajaba con su permiso de residencia cuando llegó a España el 18 de abril.
Así lo plasmó en los whatsapps intercambiados con el teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez en los que le trasladó que el activista saharaui y su acompañante entrarían sin pasar por el control de aduanas ni de fronteras. "Salvo cambios, solo deben desembarcar el paciente, con un Covid en grado avanzado, y el hijo que lo acompaña. El paciente viaja, según mi información, con pasaporte diplomático argelino y su hijo tiene algún tipo de permiso de residencia en España. En todo caso, esto último no es un problema y no es responsabilidad del Ejército del Aire. Quien lo tiene que saber ya lo sabe", expuso el exjefe de gabinete de Arancha González Laya.
Por ello, tras su interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza requirió a Villarino que entregara al juzgado el pasaporte de Ghali y de su acompañante, que él mismo solicitó cuando se enteró de que la persona que había entrado en España era el líder del Frente Polisario. Según explicó Villarino en sede judicial, tras ver en prensa que Ghali estaba ingresado en el hospital con la identidad falsa de Mohammed Benbatouche, se dirigió al director de la Oficina de Presidencia de La Rioja, Eliseo Sastre, ese mismo mes de abril para que le verificase la falsedad.
Lío de fechas
Éste le mandó la copia del pasaporte falso de Ghali además del carnet de residencia de su hijo. De dicha documental se podía apreciar que el permiso se expidió el 28 de mayo. Sin embargo, lo defendido por Villarino no cuadra con las conclusiones de la Brigada Regional de Información, que sostienen que en realidad la tarjeta de residencia se dio de alta el 23 de abril. Del mismo modo, también explican que el hijo del líder del movimiento de liberación nacional del Sáhara Occidental tenía vigentes dos documentos de viaje antes de su entrada en España.
El primero de ellos se tramitó en la Unidad de extranjería y documentación de Granada con fecha de 6 de abril de 2016 y el segundo en Almería el 7 de diciembre de 2012, de acuerdo con el oficio que firma el comisario jefe de la Brigada de Información y que responde a un requerimiento de Lasala del pasado mes de septiembre. El instructor trata de esclarecer si se produjeron irregularidades con la entrada subrepticia de Ghali en España. Según los testimonios recopilados hasta el momento, la misma se gestionó con discreción por orden expresa de la cúpula de Exteriores y sin que tuviera conocimiento del asunto Marruecos.
El avance de las pesquisas ha permitido acreditar que ni Ghali ni su acompañante pasaron los controles de aduanas ni de inmigración a su llegada a Zaragoza. Tampoco lo hicieron cuando abandonaron el país la madrugada del 2 de junio desde Pamplona. Según expuso la Policía de Navarra, Ghali no enseñó documento alguno cuando partió de nuevo rumbo a Argel, si bien ello no supondría ninguna irregularidad porque se trató de una salida voluntaria. Por contra, sus acompañantes -entre los que se encontraba su hijo- sí que llevaban el pasaporte en regla.
La salida de España
El oficio policial que ahora se incorpora a la causa coincide con el interrogatorio de la exministra de Asuntos Exteriores, que se produjo este mismo lunes. Arancha González Laya apuntó en la misma línea de Villarino y negó irregularidades en relación a la llegada del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Según razonó, la acogida se produjo por motivos humanitarios y acorde a la legalidad vigente. Su relato sirvió de cortafuegos para evitar que el asunto acabara salpicando al presidente del Ejecutivo.
No obstante, también dejó muchas cuestiones en el aire que quedaron sin resolver. La exjefa de la diplomacia española se apoyó en la Ley de Secretos Oficiales y en, concreto, en un acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, para no pronunciarse sobre los detalles del operativo. Entre los asuntos que esquivó destaca la pregunta expresa que le hizo una de las acusaciones en relación a la documentación que portaba el hijo de Ghali cuando llegaron a la base aérea de Zaragoza.
Escudándose en el secreto que se otorga a las materias clasificadas, tampoco esclareció la identidad del contacto argelino con el que se fraguó la acogida de Brahim Ghali. Se trata de una estrategia muy similar a la adoptada por Villarino, el cual sí confirmó que la exministra le dijo que el asunto tenía que tratarse con discreción. Ambos están siendo representados por la Abogacía Genera del Estado, la cual ya ha pedido el archivo de este procedimiento penal en varias ocasiones al no apreciar irregularidad alguna.
Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que no existen indicios que soporten el "hipotético delito de encubrimiento" puesto que Ghali ostenta la nacionalidad española y es titular de un DNI en vigor, por lo que se hace innecesario "el tan cuestionado control de pasaporte" que constituye el origen de esta causa. Las acusaciones, por contra, sostienen que el Gobierno está detrás de esta operación con la que se ocultó la llegada y posterior ingreso de Ghali en el hospital de Logroño y por ello pidieron que se indagase que el activista saharaui portaba la documental en regla cuando llegó a España en abril.
