Esto no es una carta a los reyes magos. Si cabe, podría tratarse de un recordatorio. O un espejismo, de lo que pudo haber sido… y de lo que nunca será. Desde luego, no a corto plazo. En realidad, se trata de una noticia con las ‘no noticias’ que podría deparar este 2025 y que no leerán los lectores de Vozpópuli. Y eso que algunas de las leyes aquí citadas fueron compromisos electorales de quien hoy se aloja en el palacio de la Moncloa. Es decir, que en realidad tendrían que haber sido novedades durante su etapa al frente del Gobierno. Pero, ya se sabe… los cambios de opinión.
Acá un ejemplo: hace más de diez años, en 2014, un político madrileño de nombre Pedro Sánchez que acababa de llegar a la secretaría general del PSOE se comprometió a poner coto a los aforamientos de los políticos. En 2018, al poco de ganar una moción de censura, llevó la propuesta al Consejo de Ministros. Pero nunca se aprobó. Todo quedó en cenizas. Nada más.
La democracia española, aún joven -no ha llegado a los cincuenta años de edad- da muestra de sus imperfecciones al paso de los acontecimientos. Nunca antes un Fiscal General del Estado estuvo imputado en el ejercicio de su cargo. Tampoco lo estuvo una mujer del presidente del Gobierno, ahora en la picota de la vicaría por posibles delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios. Antaño, se abordó superficialmente la limitación de los mandatos. Y recientemente se ha puesto en solfa la anomalía de que el Gobierno sea incapaz de aprobar Presupuestos.
He aquí un breve catálogo de cinco leyes, cinco reformas, que dotarían de mayor calidad a nuestra democracia, que evitarían algunos de los escándalos que hoy copan los titulares de la prensa; que seguramente ustedes, lectores, querrían ver publicadas en el Boletín Oficial del Estado pero que, sin embargo, no verán… ni por asomo.
1. La destitución del Fiscal
¿Se imaginan qué pasaría si Álvaro García Ortiz perdiera la confianza de “su” Gobierno? Nada. Porque el Consejo de Ministros tiene la prerrogativa de nombrarlo, pero no la capacidad de cesarlo. Salvo en cuatro supuestos recogidos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, además de escasos, son improbables: “A petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta Ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, cuando cese el gobierno que lo hubiera propuesto”.
Si el actual fiscal, investigado por un delito de revelación de secretos, resulta finalmente condenado a una inhabilitación, no tendría por qué dar un paso atrás. Al margen de que el Gobierno opina que es inocente. “Antes del informe de la UCO ya manifesté la confianza del Gobierno en el fiscal general. Después del informe de la UCO aún más”, dijo Pedro Sánchez en su balance anual.
La situación inédita del fiscal arroja una conclusión: se hace necesaria una reforma del Estatuto Orgánico para flexibilizar su destitución.
2. Acabar con los aforamientos
Una de las prebendas de las que gozan los políticos en España son los aforamientos. El presidente, sus ministros, diputados, senadores y un largo etcétera, en caso de ser imputados por un delito, serían juzgados por un tribunal distinto al que corresponde a un ciudadano normal. El caso más reciente es el de José Luis Ábalos, cuyo suplicatorio para que el Tribunal Supremo le pueda investigar está pendiente de votarse en el Congreso de los Diputados.
Antaño, Pedro Sánchez, acudió a las urnas con la promesa de poner coto a este privilegio que otorga cierta inviolabilidad a la clase política y que viene recogido en la Constitución. Cuando llegó al poder, tras la moción de censura, dio luz verde en el Consejo de Ministros a una reforma para suprimir los aforamientos, eso sí, sólo para delitos ajenos al cargo. Pero nunca llegó a prosperar. También alcanzaron un compromiso similar PP y Ciudadanos, para la investidura de Mariano Rajoy en 2016.
Lo cierto es que se trata de una promesa que nunca llega a tierra y que redundaría en la higiene democrática, en detrimento del estado del bienestar de los políticos. Donde sí ha se ha materializado este deseo es en eis comunidades autónomas: Cantabria, Murcia, Canarias, Baleares, La Rioja y Aragón, que han eliminado ya de sus Estatutos los aforamientos para sus diputados y miembros del Gobierno regional.
3. Regular el papel de la ‘primera dama’
¿Qué puede y qué no puede hacer la mujer del presidente del Gobierno? ¿Puede aprovecharse de la posición de su marido para prosperar en su trayectoria profesional? ¿Puede hacer uso de las dependencias de la Moncloa para mantener encuentros relacionados con su actividad privada? ¿Puede usar al personal de Presidencia para sus negocios particulares?
La investigación judicial que pesa sobre Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por posibles delitos de tráfico de influencias o corrupción en los negocios, ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer una mínima regulación sobre el papel del cónyuge de los presidentes. Lo cierto es que, legalmente, la figura de la primera dama no existe en España. Hay un vacío que se antoja necesario ocupar con una serie de directrices como las recomendadas por el Consejo de Europa, cuyo Grupo de Estados contra la Corrupción aboga por incorporar los datos financieros de cónyuges y familiares de los altos cargos para prevenir y combatir la corrupción.
En España, a raíz del ‘caso Begoña’, el PP se ha posicionado a favor de regular a los cónyuges, pero no ha presentado ninguna iniciativa.
4. Elecciones si no hay Presupuestos
Los Presupuestos Generales del Estado. Es la norma más importante que promulga el Gobierno en un año. En España, la última vez que se aprobaron fue en 2022. Según la Constitución: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Y en caso contrario, “se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior”.
Pedro Sánchez se muestra dispuesto a agotar la legislatura “con o sin el concurso del Poder Legislativo”. A día de hoy, no tiene previsión de sacar adelante las cuentas públicas, lo que reduce ostensiblemente su margen de maniobra. Antaño, consideró que un Gobierno sin Presupuestos es “un Gobierno que no gobierna” y, por ende, debería ir a elecciones. ¿Y si se reformara la Carta Magna, de modo que el Gobierno estuviera obligado a presentar las cuentas en tiempo y forma y, en caso de no hacerlo, tuviese que ir a elecciones? La solución, bastante atinada, no parece que esté en la cabeza de ningún dirigente con mando en plaza.
5. Limitación de mandato
“Power tends to corrupt”, dijo un célebre historiador británico, Lord Acton. “And absolute power corrupts absolutely”, añadió. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
En Estados Unidos, el presidente sólo puede serlo ocho años por mandato constitucional. En España, no existe ninguna limitación para los cargos públicos. En política, José María Aznar abrió el debate cuando, siendo aún joven, decidió agotar su período en la Moncloa en su segunda legislatura. José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo propio. Sin embargo, ninguno de los dos propuso que los altos cargos en nuestro país no puedan perpetuarse. Un antídoto, desde luego, contra los vicios que adquieren los políticos cuando se saben dueños de sus sillones.
