Mercè Gironès, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, se ha desvinculado del presunto fraude cometido por su expareja, que la Agencia Tributaria cifra en 8,6 millones, según consta en un escrito dirigido al magistrado que instruye la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata.
Los investigadores han calculado el fraude de Jordi Pujol Ferrusola tras constatar que había ingresado 29,3 millones de euros al margen de la Hacienda española. De esta suma, 21 millones se refieren a años que todavía pueden ser perseguidos penalmente.
El abogado defensor de Gironès sostiene, en el mismo sentido, que no cabría imputar a su clienta las rentas descubiertas a su marido. En concreto, porque si las rentas se consideran ficticias no podrían someterse a gravamen de las personas y si los servicios consignados en las facturas hubiesen sido realmente prestados por Pujol Ferrusola, sería él el que tendría que tributar por ellas: "Nunca la señora Gironès", concluye el documento.
1,6 millones de euros
De esta forma, la exmujer del primogénito de los Pujol realiza sus alegaciones al informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un órgano dependiente de Hacienda, que establece que la cuota que tiene que pagar Gironès es de 1,6 millones.
Según el documento, la suma corresponde al dinero que Gironès habría dejado de ingresar por IRPF de los ejercicios fiscales de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. El importe ha sido computado por la Agencia Tributaria tras considerar varias facturas falsas y una ganancia patrimonial que se había declarado exenta.
En concreto, Hacienda se refiere al dinero obtenido por el matrimonio Pujol-Gironés en la venta de acciones de la sociedad dueña de la concesión de un puerto en Rosario, Argentina. El letrado considera que en esta operación su clienta no habría superado la cuota defraudada de los 120.000 euros, que es el límite a partir del cual se le puede imputar un delito.
Fraude prescrito
También alude el letrado a la venta, por una sociedad holandesa, de la participación en una firma española titular de un vertedero en Cataluña. En este caso, completa el abogado defensor, el fraude estaría prescrito. Tampoco cree que su defendida, Mercé Gironés, participara en otras operaciones bajo sospecha, como por ejemplo el préstamo ficticio de un ciudadano mexicano a su exmarido.
Y finalmente, el escrito en representación de Gironés pone de manifiesto una contradicción del informe de la Onif; que en una página dice que el fraude de 2007 estaba prescrito, y varias páginas después dice lo contrario, que sí se le puede imputar un delito fiscal.
