Ninguna comunidad autónoma compró mascarillas a la UTE de Ferrovial y Soluciones de gestión y apoyo a empresas (la empresa de la trama Koldo) incluida en el megacontrato sanitario de Salvador Illa. Esta UTE formó parte de los 155 proveedores que el Ministerio de Sanidad liderado por el actual líder del PSC seleccionó de un total de 475 aspirantes. El objetivo de Illa con este Acuerdo Marco era proveer de material sanitario a los hospitales de nuestro país de manera centralizada, pero terminó fracasando y solo se ejecutó un 6% de los 2.500 millones de euros reservados para tal fin.
Un claro síntoma del fiasco de este proyecto del exministro de Sanidad es que el Gobierno terminó devolviendo a Soluciones de gestión los cerca de 60.000 euros que solicitó de garantía para la firma del contrato. Lo propio ocurrió con Ferrovial que, como ha podido comprobar Vozpópuli, recibió en marzo de 2022 los 60.000 euros que puso de aval como parte de la UTE con Soluciones de gestión. La Caja General de Depósitos del Tesoro Público del Ministerio de Economía fue la encargada de efectuar los pagos, como afirman fuentes de la multinacional.
En el contrato firmado con la UTE de Ferrovial y Soluciones de gestión, al que ha accedido este periódico, se establecía en su cláusula novena una garantía de 37.293 euros para la empresa de la trama Koldo en uno de los lotes y de 19.934 euros en el otro. Esta UTE fue incluida por Sanidad en el megacontrato como proveedor de mascarillas FFP2.
Una de las razones que podría explicar por qué ninguna comunidad autónoma acudió a esta UTE para comprar mascarillas es el alto precio que exigía por su material. Las mascarillas FFP2 de esta UTE pasaron de costar 1,13 euros la unidad a 90 céntimos. Pese a la rebaja seguían siendo ocho veces más caras que las que la competencia ofrecía en el mismo período de tiempo. Otras empresas del Acuerdo Marco, como Gamma Solutions, las ofrecía entonces a 12 céntimos la unidad.
De hecho, que el mercado ofrecía alternativas más baratas que el megacontrato de Salvador Illa es algo que ahora reconoce incluso el Gobierno de Pedro Sánchez. En un escrito al que ha accedido este medio, el Ejecutivo de Sánchez admite que este proyecto llegó tarde y que existían alternativas de mercado más económicas para el material que ofertaba Sanidad (mascarillas, test covid, guantes, batas, etc.). Una realidad que llevó a las comunidades autónomas a utilizar sus propias centrales de compra en lugar de acudir a las compañías ofertadas por Illa.
"En el mercado internacional ya se había superado el desabastecimiento inicial que motivó su tramitación y el mercado comenzó a ofrecer precios mucho más económicos... se redujeron las necesidades de productos de protección contra la covid-19 tras rebajarse el nivel de incidencia y mortalidad", afirma Moncloa en el documento para justificar por qué solo se ejecutó el 6% del megacontrato.
La semana de Salvador Illa
Al primer secretario del PSC le espera una semana intensa en las Cortes Generales. El lunes 22 de abril deberá comparecer en la Comisión de Investigación por los contratos de la pandemia en el Congreso de los Diputados, y solo dos días después, el miércoles 24 de abril, acudirá a la Comisión convocada en el PP en el Senado.
Fuentes de Génova apuntan que los populares tienen preparado un "arsenal de preguntas" contra Illa. Interrogarán al exministro sobre el megacontrato del que se benefició Soluciones de gestión, sobre los contactos de la trama Koldo con su jefe de gabinete, Víctor Francos, para colocar mascarillas a Canarias, y sobre el resto de contratos millonarios de Sanidad a empresas de dudosa confianza durante la pandemia.
En la lista de proveedores estrella de Illa se encuentran; FSC Select Products, empresa especializada en artículos de marketing de bebidas alcohólicas a la que pagó 260 millones para traer mascarillas; la empresa de yesos (Hyperin Grupo Empresarial) en la que confió para traer unos respiradores que nunca llegaron; los 200 millones pagados a Hong Kong Travis, desaconsejada por el Gobierno chino, por un material que llegó con meses de retraso; el despacho de abogados chipriota (Danbury Enterprises) que cobró un 3.500% más caras las mascarillas; y así hasta un largo etcétera.
