El Gobierno ya tiene casi cerrado el apoyo de Unidos Podemos a los Presupuestos de 2019 y ahorca toca negociar con el resto de grupos. De ahí que haya empezado a poner sobre la mesa algunos caramelos para las formaciones a las que necesita para sacar adelante las cuentas: el martes acordó con la Generallitat el saldo de 1.459 millones de los 7.600 millones pendientes en cuatro años.
De la cifra total, unos 700 millones corresponden al acumulado de deuda con los Mossos d'Esquadra y se transferirán en el ejercicio 2019-2022 y otros 750 millones se corresponden con la disposición adicional del Estatut, pendiente desde 2008. Además, se acordó refinanciar un endeudamiento estructural de 2.773 millones de euros. En 2019 se pagarán solo 350 millones: 150 para los Mossos y 200 por la disposición adicional.
Con el pago de la deuda pendiente con los Mossos, Hacienda pretende compensar el gasto de este cuerpo desde el año 2009, puesto que ha crecido su trabajo como policía integral y especialmente por la lucha contra el terrorismo. La cifra total (700 millones) no es definitiva y se terminará de acordar en las próximas semanas.
Los Presupuestos
En el caso de las infraestructuras, el acuerdo se debe a la disposición adicional tercera del Estatut, por la que el Gobierno debe invertir en Cataluña el equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto nacional, un 18,6%. La cifra asciende a 759 millones de euros, sólo por el año 2008, que se pagarán en cuatro ejercicios; los primeros 200, con el Presupuesto de 2019.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, intentó el martes desvincular totalmente el acuerdo alcanzado del apoyo de los partidos independentistas a la tramitación de los Presupuestos, pero lo cierto es que el hecho de que se salde al menos parte de la deuda ya en 2019 facilita el apoyo de algunas formaciones al Presupuesto, como ERC y PDeCAT.
Cataluña está satisfecha, pero quiso dejar claro que no abandonarán sus reivindicaciones independentistas
Los acuerdos se han alcanzado en la Comisión Mixta sobre asuntos económicos entre las dos administraciones, a la que la Generalitat acudía con una reclamación del pago de deudas por 7.607 millones de euros por distintos conceptos. La Comisión volverá a reunirse en los próximos dos meses.
Cataluña reconoció que los acuerdos alcanzados son relevantes para la comunidad, pero dejó claro que no aseguran el apoyo al Presupuesto, que se negociará en el Congreso, y que no sustituyen a las reivindicaciones del independentismo: un referéndum de autodeterminación y sacar de los tribunales el conflicto político entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado.
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