El pacto de Estado contra la Violencia de Género ha salido este jueves del Parlamento, con el voto afirmativo de todos los partidos, excepto Unidos Podemos y EH Bildu que se han abstenido, y con la exigencia de los grupos al Gobierno de que garantice el presupuesto de las 213 medidas que se plantean.
Dentro de dos meses, el pacto debería estar ya en marcha, tiempo en el que Gobierno tiene que trasladar su contenido a las comunidades autónomas, entes locales, partidos, Administración de Justicia, sindicatos y asociaciones.
Prevé un presupuesto de 1.000 millones de euros durante cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
El pacto ha sido respaldado en el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos favorables de 278 diputados y la abstención de 65.
Una sesión en la que ha estado presente Ruth Ortiz, la mujer de Córdoba cuyos hijos fueron asesinados por su ex marido, José Bretón, y de otras víctimas y mujeres de asociaciones feministas, invitadas por el grupo socialista.
Ruth Ortiz ha considerado el pacto como "un paso adelante, que tendrá que ir mejorándose"
El PSOE ha conseguido consensuar con los grupos la reforma de la ley integral para que las madres de hijos asesinadas por sus parejas sean consideradas víctimas de violencia machista.
A Ortiz se han dirigido algunos de los diputados que han intervenido en la sesión e incluso lo ha hecho la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que ha calificado el día de este jueves como "histórico".
"Ruth, te quiero decir que el Gobierno no va a dimitir en la lucha contra la violencia de genero; es nuestro compromiso y una cuestión de Estado; por todas las Ruth de España, vamos a luchar contra esta lacra", ha dicho la ministra, dirigiéndose a ella.
Ortiz ha reconocido sentirse orgullosa por haber conseguido unir a los grupos sobre esta medida y ha considerado el pacto como "un paso adelante, que tendrá que ir mejorándose".
Pacto histórico
Durante el debate, se ha instado insistentemente a la unanimidad, al considerar el pacto histórico y útil en la lucha contra la violencia de género, aunque Unidos Podemos ha decidido mantener la abstención por ser "insuficiente" y no estar garantizadas presupuestariamente las medidas.
Otros grupos, como el PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto han reclamado también al Gobierno que disponga las partidas necesarias para que puedan aplicarse todas las medidas.
La diputada socialista, Ángeles Álvarez, ha recordado al Ejecutivo que para desarrollarlas "no cabe una gestión relajada, ni recortes de fondos" y ha propuesto habilitar un crédito extraordinario no inferior a un quinto del presupuesto de los mil millones previstos para cinco años, si los presupuestos para el año que viene se prorrogan.
Álvarez ha apelado a Podemos a actuar con responsabilidad a la hora de votar porque "la unidad no permite deserciones por cálculos políticos" y "todo lo que está (en el pacto) es útil para el conjunto de mujeres".
Sofía Fernández, una de las portavoces de Unidos Podemos, ha justificado la abstención porque el pacto "es de mínimos, no es feminista y no soluciona el problema".
"No nos vale porque no tiene garantías. No sabemos cuánto dinero va a poner el Gobierno porque no va a presupuestos del Estado de momento", ha argumentado Angela Rodríguez, de Unidos Podemos, quien cree que para acabar con el maltrato debe haber "una reformulación de la sociedad".
Desde el PP, Carmen Dueñas ha apostado por demostrar la unanimidad del Parlamento contra esta violencia y ha reprochado la postura de Podemos por apropiarse -ha dicho- de la lucha feminista y la defensa de derechos de las mujeres.
EH Bildu justifica su abstención por las "serías dudas" de que las medidas se puedan implementar por falta de presupuesto
Patricia Reyes, de Ciudadanos, ha reclamado al Gobierno que destine de "manera efectiva y eficiente" el dinero preciso para desarrollar las medidas que propone el Parlamento.
Teresa Jordá, de ERC, ha considerado que la mejor forma para acabar con el sistema patriarcal, en que se basa la violencia de género, "lo tenemos el 1 de octubre proclamando una República feminista y de igualdad".
Dentro del Grupo Mixto, Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, ha justificado también su abstención por las "serías dudas" de que las medidas se puedan implementar por falta de presupuesto.
Las medidas
La ampliación de la definición de violencia de género es una de las propuestas. Ya no se considerará sólo la ejercida por parejas o exparejas, sino todos los tipos de violencia contra las mujeres incluidas en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa.
El resto de medidas son preventivas y judiciales en su mayoría, como la supresión del atenuante de confesión y la de la reparación del daño en delitos de violencia machista; un plan de acompañamiento judicial personalizado a la víctima o no considerar únicamente como delito leve las injurias y calumnias a través de las redes sociales.
Entre las medidas está la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo
El pacto contempla también que la custodia compartida en ningún caso se imponga en estos casos e introducir en las escuelas contenidos para la prevención.
Ampliar las sanciones administrativas a los clubes deportivos que permitan apología de este tipo de violencia de género en los acontecimientos deportivos es otra de las iniciativas.
Además están la de mejorar la detección precoz de los casos en los centros sanitarios, y la situación de las mujeres víctimas sin empleo.
