El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es objeto del último guiño del Gobierno a sus socios parlamentarios habituales para mantener la viabilidad de la legislatura. En este caso, el PSOE se ha abierto reformar la ley que rige su funcionamiento interno a partir de una propuesta presentada por el PNV, con cambios sustanciales tanto en su adscripción como en su control. Uno de los puntos clave es la modificación del artículo por el que se constituye la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que vigila el funcionamiento de la institución: el texto presentado por los peneuvistas abre las puertas a que todos los vicepresidentes formen parte de este órgano. Atendiendo al actual Consejo de Ministros, incluiría a Yolanda Díaz, coordinadora general de Sumar y vicepresidenta segunda.
La propuesta de cambio se centra en la Ley 11/2002, reguladora del CNI. Entre la batería de propuestas, el PNV plantea modificar el artículo por el que se constituye la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia; un órgano compuesto por miembros del Ejecutivo y unos determinados secretarios de Estado con la misión de vigilar las actuaciones de los servicios españoles.
De acuerdo a la ley ahora vigente, esta comisión está integrada por el vicepresidente del Gobierno y los ministros de Exteriores, Defensa, Interior y Economía, además del secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el director del propio CNI.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya trató de modificar este artículo, sin éxito. Durante la pandemia de coronavirus, aprobó un real decreto con "medidas urgentes extraordinarias" para hacer frente al "impacto económico y social" de la crisis sanitaria, con una disposición en la que incluía en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia a todas las vicepresidencias del Ejecutivo. Cabe recordar que, en esas fechas, Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, era vicepresidente segundo del Gobierno.
La sentencia del TC
Pero el plan de Pedro Sánchez no salió adelante. La medida provocó una airada reacción en la oposición, toda vez que consideraban que el artículo para modificar la comisión de seguimiento del CNI estaba metida "con calzador" en un real decreto destinado a paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus.
El Tribunal Constitucional, tras un recurso de Vox, impugnó el artículo que afectaba al CNI: consideraba que el medio elegido por el Gobierno -el Real Decreto- no era el adecuado para modificar la ley que rige el funcionamiento de los servicios de inteligencia, y que tampoco quedaba acreditado que la decisión atendiese a un "caso de extraordinaria y urgente necesidad".
Dicha sentencia del Constitucional contó con el voto particular de Cándido Conde-Pumpido, que ahora preside el Tribunal. El magistrado manifestó su "disconformidad" con el fallo al entender que la situación de pandemia sí avalaba la "urgencia" del Gobierno en el cambio que afectaba al CNI.
A pesar del voto particular de Conde-Pumpido, el Gobierno vio frustrado su intento de integrar a más miembros del Ejecutivo -en concreto, a todas las vicepresidencias- en el órgano que vela por el buen funcionamiento de los servicios de inteligencia españoles.
La propuesta del PNV
El texto quedó en papel mojado... hasta ahora. Porque la propuesta formulada por el PNV recoge un cambio idéntico al que entonces formuló el Gobierno de Pedro Sánchez. Los independentistas vascos sugieren que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia esté presidida por la vicepresidencia que designe el presidente y que también la integren "las personas que ostenten las vicepresidencias" del Ejecutivo.
En el organigrama actual de Gobierno, estas funciones recaerían en María Jesús Montero (ministra de Hacienda), Yolanda Díaz (de Trabajo y Economía Social) y Teresa Ribera (Transición Ecológica y el Reto Demográfico), en calidad de vicepresidentas primera, segunda y tercera, respectivamente.
El resto de integrantes de la comisión no cambiaría respecto al funcionamiento actual. A saber, los titulares de Exteriores (José Manuel Albares), Defensa (Margarita Robles), Interior (Fernando Grande-Marlaska) y Asuntos Económicos (Carlos Cuerpo), además del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (ahora en manos de Diego Rubio), el secretario de Estado de Seguridad (Rafael Pérez) y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia (Esperanza Casteleiro, quien sustituyó a Paz Esteban, cesada en pleno escándalo Pegasus).
Más cambios en el CNI
La propuesta del PNV para modificar el funcionamiento del CNI mantendría "inicialmente" la adscripción del centro al Ministerio de Defensa, "sin perjuicio" de que en un futuro se establezca un cambio de dependencia orgánica. Asimismo detalla que el presidente del Gobierno será quien designe al director de los servicios de inteligencia españoles con un mandato de cinco años, siempre que no se decida antes su cese o relevo.
Además ampliaría el control parlamentario sobre las actividades del CNI, al entender que los diputados que formen parte de la comisión de control podrán tener acceso a materias clasificadas.
Sin embargo, el cambio que afectaría en mayor medida a la actividad diaria del centro es el del control judicial. Según la propuesta de ley, cada vez que el CNI lleve a cabo una investigación que afecte a la inviolabilidad de un domicilio o al secreto de las comunicaciones deberá trasladar a los magistrados del Tribunal Supremo las medidas que se solicitan, así como los medios y recursos que se emplearán, con detalle de sus características concretas. También los hechos en los que apoya la solicitud, los fines pretendidos, la identidad de los investigados y la duración de las medidas solicitadas.
Los nacionalistas vascos también plantean que sea un órgano colegiado compuesto por tres Magistrados del Tribunal Supremo quien, por unanimidad, acuerde la concesión -o no- de la autorización solicitada; hasta ahora, el CNI dependía del visto bueno de un único juez.
Una propuesta de ley que estrecharía el cerco judicial y parlamentario sobre el CNI, y que abriría las puertas a que todos los vicepresidentes del Gobierno monitoricen su actividad a través de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia. El texto deberá ser debatido y aprobado en el Congreso de los Diputados antes de que vea definitivamente la luz, aunque el PSOE -y la mayoría de sus socios parlamentarios, independistas y nacionalistas- ya se han mostrado a favor de modificar la estructura por la que ahora se rigen los servicios de inteligencia españoles.
