El Parlamento Vasco ha aprobado la reforma de la polémica Ley de reparación de víctimas de abusos policiales, una modificación impulsada por el PNV y el PSOE vasco para zanjar las dudas sobre la constitucionalidad de la ley original. Esta modificación ha salido adelante con el apoyo de 'jeltzales' y socialistas, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Podemos se han abstenido y el PP ha votado en contra.
El debate de esta ley se ha visto marcado por el enfrentamiento mantenido durante el pleno por el grupo parlamentario de EH Bildu y varias organizaciones de policías nacionales y guardias civiles que han asistido a la sesión, en la que el representante de la coalición soberanista Julen Arzuaga ha comparado el comportamiento de estos colectivos con el de los "nazis", mientras que éstos han denunciado que, "aunque mude de piel, la serpiente sigue siéndolo".
La reforma de la Ley aprobada este jueves por el Parlamento, destinada a reconocer y reparar a los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales o parapoliciales entre 1978 y 1999, es fruto de un acuerdo alcanzado el pasado mes de agosto por los Gobiernos central y vasco.
A través de dicho acuerdo, el PSOE aceptó retirar el recurso presentado en su día por el gabinete de Mariano Rajoy contra la Ley original, al entender que invadía competencias de los Tribunales de Justicia.
Ley "asistencial"
Los cambios consensuados entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y el Ejecutivo socialista inciden, precisamente, en cuestiones que pretenden dejar claro que el objetivo y el ámbito de esta ley es la eparación de las víctimas de esta forma de violencia desde una perspectiva meramente "asistencial", sin entrar en ningún caso a ejercer el papel que corresponde a la Justicia.
Pese a estas modificaciones, los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, así como varias organizaciones de víctimas del terrorismo se han mostrado sumamente críticos con el texto, al considerar que sus contenidos contribuyen a "blanquear" el terrorismo de ETA.
Desprestigio de las Fuerzas de Seguridad
El parlamentario del PP Carmelo Barrio ha afirmado que esta ley supone "un paso más en el desprestigio de la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que les pone bajo sospecha en un proceso en el que no podrán defenderse ni personal ni colectivamente", y cree que se trata de "un intento de contextualizar el terrorismo de ETA, precisamente contra un colectivo que tuvo un papel clave en la lucha contra el fanatismo y que lo sufrió de una manera muy directa".
Tras criticar que el Gobierno de Pedro Sánchez retirara el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha afirmado que esta ley "incurre en inconstitucionalidad" porque "configura un sistema parajudicial para el desprestigio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
"No hemos dicho nunca que no se deba resarcir a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos. Todo lo contrario", ha defendido, antes de criticar que en la proposición que este jueves se debate "ha existido una grave falta de sensibilidad a lo manifestado por la representación profesional de la policía". Tras el debate, el presidente del PP vasco, Alonso Alonso, ha anunciado que su partido recurrirá esta ley ante el Tribunal Constitucional.
