El Partido Popular está decidido a frenar la reforma de la Ley de Estabilidad pactada por el Gobierno con Unidos Podemos para desbloquear la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019. Con el cambio de la norma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere anular la capacidad de veto de la que gozan actualmente los populares en el Senado a la hora de aprobar la senda de déficit y el techo de gasto.
Fuentes populares aseguran haber iniciado conversaciones con Ciudadanos para solicitar un informe a los Letrados del Congreso que permita saber si la proposición de Ley presentada por los socialistas la semana pasada para reformar la norma puede tramitarse -o no- por procedimiento de urgencia y lectura única, como piden los firmantes de la iniciativa (PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís).
Los de Pablo Casado suman junto a los de Albert Rivera mayoría en la Mesa del Congreso -el órgano de gobierno de la Cámara-. Por eso, la decisión de la tramitación urgente recae directamente en ellos. Desde la dirección de Ciudadanos niegan que haya habido contactos, informa Jorge Sáinz. Pero si optan por el procedimiento ordinario, la proposición de Ley puede quedar varada entre el Congreso y el Senado durante meses.
Precisamente, los populares gozan de mayoría absoluta en la Cámara Alta y devolverían la iniciativa de nuevo a la Carrera de San Jerónimo. Todo ello provocaría que la tramitación de las cuentas públicas de 2019 no pueda comenzar hasta finales de año o incluso a principios del siguiente. Un extremo con el que ya cuentan en La Moncloa.
Fuentes del Ejecutivo avanzaron este martes que, a la espera de ver cómo se desarrolla el cambio de la Ley de Estabilidad, barajan que el proyecto de Presupuestos pueda presentarse en noviembre y tenerlo aprobado en febrero, a las puertas de la campaña electoral de las municipales y autonómicas de mayo.
Por lo pronto, los populares han decidido impulsar en el Senado una declaración institucional para el próximo pleno en la que reivindicarán la legitimidad de la Cámara Alta para tener voz sobre el techo de gasto. Su portavoz, Ignacio Cosidó, califica el pacto de Sánchez e Iglesias como "un golpe a nuestra democracia representativa más propio de regímenes totalitarios".
Para que dicha iniciativa llegue a leerse en el Pleno requiere de unanimidad por parte de los grupos parlamentarios. Pero aunque alguno decida no apoyarla, fuentes populares aseguran que la presentarán como moción para que sea debatida. "La misma legitimidad democrática tiene el Senado como el Congreso", enfatizaba este martes el portavoz de los populares tras una reunión conjunta de las direcciones de los grupos de ambas Cámaras para preparar el nuevo período de sesiones.
La Ley de Estabilidad que ahora quieren modificar fue aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta en el Congreso y otorga a la Cámara Alta un papel excepcional en el sistema parlamentario que le permite anular una decisión del Congreso, cuando lo habitual es que este último siempre tenga la última palabra.
Tras su llegada a La Moncloa, el Gobierno de Sánchez consiguió arrancar a Bruselas un aumento de cinco décimas en el objetivo de déficit, pasando del 1,3% pactado por Rajoy hasta el 1,8%. Eso supone unos 6.000 millones de gasto público a repartir entre la Administración General del Estado, la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas. Y a esto último se agarran en el PP para defender que "el Senado tiene la misma legitimidad democrática que el Congreso" a la hora de decidir sobre la aprobación del techo de gasto.
