El PSOE critica en Andalucía los fallos en la gestión de la pandemia que calla a nivel nacional. Desde el reparto de mascarillas defectuosas hasta "la situación terrible" que se ha vivido en las residencias de ancianos, pasando por el número de test rápidos realizados y los profesionales sanitarios contagiados.
Susana Díaz ya ha avisado este lunes de que exigirá "responsabilidades políticas" por los contagios en los centros de mayores.
A pesar de que Andalucía, comunidad autónoma más poblada de España con 8,5 millones de habitantes, se ha convertido en una de las regiones que mejor ha resistido la embestida del coronavirus en España, la secretaria general del PSOE andaluz lanza sus dardos contra el Gobierno autonómico liderado por Juan Manuel Moreno Bonilla.
Tal y como ocurre con Portugal y Grecia, algunos insisten en enmarcar las claves del éxito en la comunidad bajo la etiqueta de "milagro". Otros hablan directamente de "anomalía". Sin embargo, los epidemiólogos lo atribuyen a una rápida actuación inicial sobre los primeros afectados, al seguimiento de las cadenas de transmisión y a la planificación hospitalaria.
Los datos de Andalucía
En total, Andalucía alcanzó este lunes los 1.263 fallecidos por coronavirus, siete más en 24 horas, según los datos difundidos por el Ministerio de Sanidad. Hubo 12 nuevas hospitalizaciones y dos nuevos ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). La comunidad superó la cifra de las 7.000 personas recuperadas de la infección.
La tasa de incidencia de la covid-19 en región en las últimas dos semanas decrece casi dos puntos en 24 horas hasta registrar 14,24 casos de contagio por cada 100.000 habitantes, muy inferior a la media nacional, situada en 50,99. Este es uno de los principales parámetros a tener en cuenta para la desescalada.
La tendencia de hospitalización es descendente. El máximo pico de la serie se alcanzó el día 30 de marzo, con 2.708 pacientes, mientras que a fecha de 3 de mayo había 583 pacientes. Esto supone un 78,47% menos, según las cifras oficiales de la Consejería de Salud y familias.
La UCI sigue la misma senda. El máximo pico se registró el pasado 31 de marzo con 438 pacientes ingresados, mientras que el 3 de mayo había 136 pacientes, es decir, un 68,94% menos.
En este contexto, la socialista Susana Díaz ya ha advertido a la Junta que su partido pedirá "responsabilidades políticas" a la Junta "cuando llegue el momento" por la "mala gestión" en cuestiones relacionadas con la pandemia del coronavirus que se han traducido en el número de contagios entre profesionales sanitarios o en la "situación terrible" que se ha vivido en residencias de mayores.
Fallecidos en residencias de ancianos
A falta de realizar test masivos, ha sido imposible hasta ahora saber el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas. Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, los usuarios de este tipo de centros que han fallecido por covid-19 superan los 17.000. La mayoría en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
La mayoría de usuarios de residencias de ancianos que han fallecido se sitúan en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha
En Andalucía, donde estos centros cuentan con 2.364 residentes confirmados como casos positivos de SARS-CoV-2, se han registrado 488 muertes, que representan el 38% del total de fallecidos en el conjunto de la región hasta la fecha. Las cifras chocan con las registradas en otras comunidades.
En Madrid han muerto 5.828 personas en las más de 700 residencias de la Comunidad. Los fallecidos con coronavirus en residencias de Cataluña desde el 15 de marzo se elevan a 3.055, lo que supone el 58,92% del total en la comunidad, según el registro de las funerarias regionales.
En Castilla y León han muerto 2.410 personas en centros públicos y privados, según datos de la Junta de Castilla y León. En Castilla-La Mancha, se ha confirmado la muerte de 1.083 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, un 41% del total de los fallecimientos registrados.
El mando único y central de Sánchez
El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de marzo instauró el estado de alarma para todo el territorio nacional y creó un mando único y central en la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros: Salvador Illa (Sanidad), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa) y José Luis Ábalos (Transportes). Todas las administraciones quedaron bajo la tutela de los mandatarios socialistas.
Cinco días después, Illa compareció junto al vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, para anunciar que Sanidad delegaba en la Vicepresidencia segunda del Gobierno y Ministerio de Derechos Sociales la coordinación del funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
Iglesias reconoció que las residencias de mayores estaban "desbordadas" y que era una "prioridad absoluta" para el Ejecutivo responder a la dramática situación que se estaba generando en esos centros. "Es urgente medicalizar estos centros", advirtió para después comprometerse a reforzar sus plantillas y dotarlas de materiales de protección y sanitarios para hacer frente al número elevado de contagios.
La Fiscalía General del Estado ha abierto 121 diligencias civiles y 110 penales
En concreto, el líder de Unidas Podemos anunció un fondo social extraordinario con 300 millones para reforzar la asistencia a domicilio de personas mayores, dependientes o con discapacidad afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales y para medicalizar las residencias de ancianos y proveer "servicios de protección individual para los profesionales" que trabajan en ellos.
Ha pasado un mes y medio de aquella delegación de funciones y la oposición se pregunta qué medidas concretas se han llevado a cabo a lo largo de todo este tiempo desde el departamento de Iglesias. Además, cargan contra el Gobierno por haber trasladado la responsabilidad de convertirse en hospitales a las residencias. Sánchez defiende que las residencias de mayores son competencia de las CCAA y que el Gobierno "ayuda" ante el coronavirus.
La Fiscalía General del Estado ha abierto 121 diligencias civiles y 110 penales en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de estas personas "en situación de vulnerabilidad", así que serán los jueces quienes en última instancia determinan quién es el responsable de los miles de fallecimientos de personas mayores en las residencias de toda España.
El PSOE andaluz carga contra mascarillas 'fake'
No es la primera crítica que el PSOE andaluz vierte sobre la Junta de Andalucía a tenor de la gestión de la pandemia. A mediados de abril, un mes después de decretarse el estado de alarma, la presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, exigía a Moreno que garantizara "de inmediato la realización de test rápidos de coronavirus a las personas dependientes y al personal de la ayuda a domicilio, que se cuentan entre los colectivos más vulnerables ante la pandemia".
Según Navarro, el dirigente popular tenía que "abandonar de una vez su estrategia por confrontar con el Gobierno de España, que detenga la difusión de bulos y datos erróneos sobre la pandemia, demostrando su falta de altura y de transparencia".
El PSOE andaluz quiere que la Junta de Andalucía se responsabilice de los "continuos errores" en gestión del material de seguridad y el "reiterado reparto" de mascarillas defectuosas ante la covid-19.
La Junta ordenó la retirada de un cuarto lote de mascarillas defectuosas y que procedían de una "donación particular" que fue entregada directamente a profesionales de la sanidad, según informó el pasado viernes la Consejería de Salud y Familias.
El PSOE-A también ha cargado contra el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía de cara a reactivar la economía por la crisis del coronavirus. En la misma línea, el Gobierno central ha abierto un frente contra la Junta de Andalucía, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la normativa porque considera que puede colisionar con otras normas de carácter estatal.
