La soledad parlamentaria del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha forzado a Pedro Sánchez a estudiar la posibilidad de poner fin al estado de alarma antes de completar todas las fases de la 'desescalada' a mediados de junio. La falta de diálogo con la oposición y la rueda de prensa del sábado, en la que aseguró que el único plan es el estado de alarma y que no hay plan b, han desbordado la paciencia de todo el arco parlamentario.
Sánchez busca contra reloj los apoyos para prorrogar el decreto del estado de alarma, que es el instrumento que ha usado para aprobar medidas como el confinamiento de la población o las restricciones circulatorias para frenar el avance del coronavirus en España.
El Gobierno sacará adelante el miércoles la cuarta prórroga del estado de alarma, pero lo hará con una mayoría pírrica. ERC, que permitió su investidura hace cuatro meses, ha abandonado al presidente y ha anunciado su voto en contra junto a Junts per Catalunya y Vox. El PP, por su parte, se ha situado en la abstención. Y el Ejecutivo mantiene abierta la negociación con el PNV, que duda; y con Ciudadanos, que solo apoyará al Gobierno a cambio de unas determinadas exigencias.
Alternativa al estado de alarma
Según ha sabido Vozpópuli, el partido naranja ha exigido a Sánchez un plan de salida del estado de alarma con "fechas concretas". Es decir, la formación que lidera Inés Arrimadas aspira a que esta prórroga, que durará otras dos semanas entre el 11 y el 24 de mayo, sea la última o la penúltima que se aprueba. Y exige que La Moncloa busque un instrumento alternativo que permita al Gobierno ejecutar medidas de control sanitario como el confinamiento, sin la necesidad de acumular los plenos poderes que le concede la Constitución durante el estado de alarma.
Esto obligaría a Sánchez a renunciar a su plan inicial. El jefe del Ejecutivo manifestó su intención de mantener el estado de alarma hasta completar todas las fases de la llamada 'desescalada'. Las restricciones a la actividad económica y la movilidad han comenzado a levantarse tímidamente estos días. Pero el Gobierno anunció que la libertad total de circulación no llegará hasta el 22 de junio en el peor de los casos. Expertos juristas han explicado que el estado de alarma no es necesario durante la desescalada.
"Tiene que haber una alternativa jurídica, pero no podemos estar en estado de alarma sine die", dicen fuentes del partido naranja. "No hay Parlamento, no hay nada. No se puede funcionar así y hay que diseñar un mecanismo jurídico para que si hay un rebrote del virus la respuesta no sea el estado de alarma otra vez".
No es el único cambio que se le exige a Sánchez. La oposición, y no solo Ciudadanos, reclama un cambio de filosofía en la gestión del Gobierno. Los partidos piden un diálogo constante sobre las medidas de la 'desescalada'. Y que el Ejecutivo negocie con los grupos, las comunidades autónomas, los agentes sociales y los sectores afectados todas las medidas de salida a la crisis para evitar correcciones y bandazos como el de los hosteleros. El Gobierno anunció que solo podrían abrir sus terrazas a un 30% de su capacidad a partir del lunes 11 de mayo, y tuvo que rectificar días después -hasta un 50% del aforo- ante las quejas de todo el sector.
Medidas económicas y mascarillas
Además de Ciudadanos, el Gobierno también negocia con el PNV, que ha rebajado considerablemente el tono con respecto al fin de semana, cuando dio a entender que no apoyaría una nueva prórroga. El líder de los nacionalsitas vascos, Andoni Ortuzar, ha pedido a Sánchez que el decreto incluya un "un mecanismo de pacto con las autonomías".
El otro gran cambio que Sánchez está dispuesto a aceptar es el de desvincular del estado de alarma los ERTEs y las medidas de apoyo y liquidez económica para los afectados por la pandemia. La mayoría de grupos parlamentarios reclama este cambio, que el Gobierno deberá aprobar en un Consejo de Ministros. Se trata de que esta normativa esté vigente mientras dure la emergencia económica. Sánchez ha amenazado con retirar estas ayudas si decaía el estado de alarma. El Gobierno ya ha reconocido que el PIB caerá al menos un 9,2% este año.
El Gobierno también negocia que se incrementen los test de covid-19 a toda la población. Otra reclamación que le ha trasladado Ciudadanos es que se amplíe la obligatoriedad en el uso de mascarillas. El Gobierno ha ordenado su utilización en el transporte público, pero la formación naranja quiere que las mascarillas sean obligatorias en todos los espacios cerrados donde no esté garantizado el distanciamiento social, como por ejemplo los supermercados.
