“La necesidad de una justicia ágil no puede ser la antesala de la impunidad”. Esta es la idea que ha trasladado este martes en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para anunciar que eliminará los plazos que actualmente marca la ley para que los procesos judiciales no se eternicen en su fase de instrucción.
Actualmente, la fase de instrucción de casos penales está sujeta a seis meses desde la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). Se trata del artículo 324 de la LeCrim, reformado con el Gobierno del PP para poner plazo a la instrucción de las causas penales.
Tras esa reforma, las investigaciones en causas penales no puedes prolongarse más de seis meses. En caso de que las acusaciones necesiten más tiempo, deben justificarlo ante el juez para que declare compleja la causa y otorgue más tiempo, hasta 18 meses.
En su discurso en el que Sánchez ha explicado las líneas de lo que será su Gobierno, ha hecho especial hincapié en las causas sobre corrupción. "La necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad", ha justificado.
