“Lo que estamos viviendo estos días, puede calificarse de otra cosa que no sea desgobierno?”, se acaba de preguntar en el Senado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con toda la gestualidad posible para que quedase claro su reproche a las últimas horas de Carles Puigdemont.
Sáenz de Santamaría ha comenzado su turno de alegaciones en la comisión que redacta el dictamen sobre la propuesta del Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, justo después de que Puigdemont haya confirmado que no va a convocar elecciones. La única salida que le quedaba para evitar una salida traumática este sábado.
Por eso, en toda su intervención, Santamaría ha explicado que lo que va a hacer el Ejecutivo es “su obligación legal y democrática” para acabar con ese desgobierno.
Una “enorme fractura social” y el riesgo de una desaceleración que va a destrozar la economía catalana porque los independentistas “nunca” han querido dialogar, como decían, sino fabricar su relato para la secesión.
A juicio de la número dos del gabinete, sacaron la fractura política a la calle, “y de la calle a las casas”.
Porque la secesión “no va a traer la tierra prometida”, como Iban asegurando el vicepresidente, Oriol Junqueras, además de Puigdemont, sino una realidad terrible que pasa ya por la marcha, hasta ayer, de 1.502 empresas de esa comunidad.
Y además, la Generalitat independentista no ha logrado un apoyo en el exterior “y eso que lo han buscado incluso en los referentes más tristes de la reciente historia de Europa”, ha añadido en alusión al caso de Eslovenia.
La intervención, en palabras de la vicepresidenta, no para que haya elecciones en Cataluña sino que vuelva la legalidad. Y lo que ha dejado claro Puigdemont y su Ejecutivo es “que no tenían ninguna intención de dialogar”.
