El Partido Popular ha aclarado este jueves los detalles de la propuesta sobre las mujeres inmigrantes embarazadas que quieren dar su hijo en adopción y que que plantean incluir en una Ley de Maternidad.
No se trata de retrasar la expulsión de las madres inmigrantes que den sus hijos en adopción, sino de garantizar la confidencialidad si quieren entregarlos para que no los dejen en la calle por miedo a ser identificadas.
Los populares enviaron un correo a los medios este miércoles explicando que la iniciativa se refiere a que "en el caso de que una mujer irregular quiera dar su hijo en adopción quedaría blindada, pero no sería un blindaje para toda la vida, y no supondría un motivo de expulsión".
"Cuando una mujer irregular quiere dar a su hijo en adopción, desvela esta situación y se expone a que se activen los mecanismos que la ley contempla ante esta situación irregular. Pues bien, este hecho no activaría la expulsión. Además de que gozarían de toda la protección y garantías en igualdad de condiciones que las mujeres que viven en situación regular en España", continuaba el escrito.
Así, diversos medios aseguraron que el PP había propuesto retrasar la expulsión de las mujeres inmigrantes sin papeles que quisiesen dar a sus hijos en adopción y otros apuntaron a que Casado quería combatir de esta forma el llamado "invierno demográfico".
Las críticas por parte de numerosos dirigentes políticos, entre otros, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se hicieron esperar. "Machistas. Racistas. Clasistas. Sólo faltaba secuestradores de niños. Fascistas. Toda persona demócrata debe votar en las próximas elecciones para impedir que esta gentuza pueda llegar al poder", escribía la regidora a última hora de la tarde de ayer.
El protocolo de Madrid
Este jueves, el PP ha aclarado que su idea solo es aplicar una iniciativa humanitaria que lleva 11 años aplicándose en Madrid. Fuentes de la Comunidad de Madrid explican a Vozpópuli que las informaciones sobre el retraso de las expulsiones de las madres sin papeles en caso de dar adopción a sus bebés "son rotundamente falsas". "No tenemos competencia en materia de inmigración porque esa competencia es estatal", aseguran.
Consiste según las mismas fuentes en "garantizar la confidencialidad para que una mujer embarazada que se encuentra en situación irregular en España no tenga miedo de dar sus datos cuando quiere entregar a su hijo en adopción porque eso pueda suponer que la expulsen".
Se trata, según las mismas fuentes, de un protocolo de carácter humanitario y de protección del menor y de la mujer. Está incluido en la batería de recursos de apoyo a la maternidad y fue diseñado, junto con jueces y fiscales, para evitar el abandono de bebés y ayudar a las madres que deseen renunciar a sus hijos/as a que lo hagan de una forma responsable y con las máximas garantías de seguridad para los menores.
La iniciativa regional, y que ahora plantea Casado a nivel nacional, contempla que los Servicios Sociales sean los encargados de valorar la posibilidad de solicitar una guarda con carácter temporal a la entidad pública de protección de menores cuando los progenitores por circunstancias graves y transitorias debidamente acreditadas no pueden cuidar de un menor.
Según se explica en la guía de recursos de apoyo a la maternidad, el protocolo regional de actuación para evitar el abandono de bebés combina un servicio de atención integral a la mujer, tanto si está embarazada como si acaba de recibir el alta médica en el hospital tras el parto.
A su vez, se garantiza la confidencialidad de los datos de la madre. Para ello dispone de un tratamiento informático de los expedientes de protección, de acceso restringido, a fin de que nadie pueda disponer de esa información si no está autorizado. Asimismo, se preserva el derecho del niño a conocer sus orígenes en el futuro.
Esta renuncia no afectará en modo alguno a aquellas mujeres que pudieran encontrarse en situación ilegal en España, ya que su identidad quedará siempre protegida.
