El comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien según la Fiscalía Anticorrupción compaginó de forma ilegal sus negocios privados con su puesto de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), anunció a unos clientes, los socios del despacho de abogados Herrero y Asociados, su intención de promover un registro policial contra sus competidores. Así consta en una grabación realizada el 10 de octubre de 2013, que fue requisada por Asuntos Internos.
En el audio, que está incluido en la pieza separada 'Iron' del 'caso Tándem', se puede escuchar una conversación entre Villarejo y sus clientes del bufete de abogados, en el que excomisario informa de que uno de los empleados del despacho Balder IP Law, cuyos integrantes habían abandonado Herrero y Asociados, se enfrentaba supuestamente a "graves delitos" por los que podría ser condenado a entre cuatro y seis años de cárcel.
"Si tenemos un poquito de suerte, aún cuando hayan borrado todo, puede que en los registros que en su día se le pueden hacer policialmente hablando vamos a encontrar algún rastro", completa el excomisario, que en la conversación da por hecho que la Policía Judicial podría investigar a los competidores de sus clientes.
Persona asustadiza
En la grabación, Villarejo explica también que el responsable de informática del despacho rival de sus clientes, que también se dedicaban al área de patentes y marcas, era una persona "asustadiza". Y que precisamente él sería el principal acusado después de que presentaran una denuncia ante la Policía Judicial: "Porque había hecho las copias de seguridad" de su antigua empresa, y las había facilitado a la nueva.
Los socios del bufete de abogados Herrero Asociados, que están imputados en la Audiencia Nacional, contrataron a Villarejo y se comprometieron a pagarle 475.000 euros por un servicio que incluía un ataque informático a sus principales competidores, el despacho Balder IP Law.
Villarejo y el principal socio de éste en su empresa Cenyt, Rafael Redondo, ofrecieron al bufete Herrero y Asociados "un servicio dirigido a solventar una situación de crisis" que, según un informe de Asuntos Internos de la Policía, incluía "la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado" del despacho de abogados Balder IP Law.
