El pasado 17 de julio el ministro de Economía, Luis de Guindos recibió una carta que probablemente le amargara el verano. La presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la demócrata-cristiana italiana Erminia Mazzoni (PPE), le preguntaba qué acciones iba a tomar su ministerio para solventar la situación de los preferentistas y “asegurar la devolución de la totalidad de sus ahorros”.
La misiva se produce tras la reunión mantenida el pasado 24 de abril para estudiar las 11 peticiones recibidas por preferentistas españoles. En la carta, Mazzoni muestra su preocupación porque muchos preferentistas “no poseían los conocimientos adecuados para comprender los riesgos implicados”.
La presidenta de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo también informa que en la reunión estuvo presente un representante de la Comisión Europea que recuerda que las empresas de inversión y las entidades de crédito de la UE están obligadas a observar la directiva 2004/39/CE (MiFID) de prestación de servicios financieros. El representante de la Comisión menciona expresamente a las preferentes, subordinadas y bonos garantizados.
La Comisión recordó que el apartado 2 de la directiva señala que la información debe ser imparcial, clara y no engañosa y que el artículo 19 de la MiFID establece la obligatoriedad de las entidades financieras de verificar la idoneidad de los clientes para los productos financieros complejos. En concreto, la directiva –recuerda el representante de la Comisión- “debe evaluar si el cliente dispone de experiencia y conocimientos necesarios para comprender los riesgos que conlleva”.
Mazzoni termina su misiva afirmando que “seguirá el asunto con mucho interés”, aunque reconoce que la competencia se encuentra en las autoridades y juzgados españoles. No obstante señala que en la citada reunión del 24 de abril los afectados relataron que se les vendieron las preferentes creyendo que se trataba de depósitos seguros y perfectamente líquidos.
“Al parecer se les aseguró que podrían retirar sus activos en cualquier momento. Sin embargo, tras firmar los depósitos, los peticionarios se percataron de que en realidad les habían vendido acciones expuestas a mayores riesgos”, concluye Mazzoni. Nada que ver con el argumentario comercial de Bankia en el que se aseguraba que se trataba de un producto seguro porque estaba “garantizado en un 100% por Caja Madrid.”
La misiva del Parlamento Europeo no es incompatible con el memorando de entendimiento (MOU) mediante el que la Unión Europea rescata nuestro sistema financiero. El MOU estaba condicionado a que no se utilizara los fondos europeos para cubrir a los preferentistas. Pero nada impide que se les resarza de sus pérdidas con financiación nacional. Eso es lo que parece reclamar el Parlamento Europeo. Por su parte, la Comisión no sólo sugiere que no se ha cumplido con la diligencia que mandata la MiFID sino que ha admitido a trámite la denuncia al Estado español presentada por el bufete Navas & Cusi por ausencia de vigilancia de Banco de España y CNMV. Por su parte, el despacho Jausas y Zunzunegui también denunció a la CNMV y al Banco de España ante la Comisión por la comercialización de los swaps. No. El arbitraje no ha solucionado el problema.
