Su anuncio, por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, provocó una gran polémica. El Gobierno del PP se disponía a dar marcha atrás a la reforma de 2010 que abrió en España la vía de una ley de plazos para el aborto, con el objeto de volver a un sistema de supuestos como el que se aprobó en 1985 en el redactado del artículo 417 bis del Código Penal. Todo parecía, en principio, sencillo, pero no es así. El supuesto que afecta a la salud de la madre, y que desde el PP fue denunciado como un 'coladero' que, de facto, hacía posible el aborto libre en nuestro país, genera dudas en el Gobierno.
Clarificar qué se entiende por "grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada" es la gran dificultad con la que se encuentra el departamento de Gallardón, sobre una reforma, indicaron fuentes de Justicia, que "no corre prisa". Y es que cualquier acotación sobre el primer supuesto de la reforma de 1985 tiene, necesariamente, que ser restrictivo, lo que supondría ir a una ley más limitada que la de hace veintesiete años. A ello se suma el sector más conservador del Gobierno y del PP al que tampoco le gusta la ley de supuestos, por lo que Ruiz-Gallardón puede acabar descontentando tanto a los partidarios de la ley actual como a los detractores del aborto.
No estaría solo el titular de Justicia con esta cuestión. Debe trabajarla en conjunción con Sanidad y no parece correr prisa ni para un departamento ni para otro, conscientes de las dificultades así como del impacto social que tiene un paso de este calado, que puede encender aún más la calle en una legislatura que se prevé 'caliente' a efectos de conflcitividad social.
Silencio del Tribunal Constitucional
Sin duda, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra la reforma de 2010 les facilitaría mucho las cosas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero, tal y como informó Vozpópuli, el alto tribunal estudia no pronunciarse al respecto una vez que se ha anunciado una nueva ley, por lo que el Gobierno no contaría con esa coartada.
La pasada semana, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados,Alfonso Alonso dijo que los populares desean que " se vuelva a esa doctrina constitucional que generaba mayor consenso que la modificación que se hizo en la última legislatura. Por tanto ahí sí que se va a cometer una reforma de la ley buscando esa doctrina del TC que busca conciliar y garantizar los derechos de la mujer y del no nacido". Pero la gran cuestión es si mantienen la redacción de 1985, que siempre han considerado que dejaba la puerta abierta a un 'coladero' o especifican los supuestos y elevan las garantías por las que un especialista puede determinar que haya grave peligro para la salud física o psíquica.
