Agricultura familiar, desperdicio alimentario, o control pesquero, esta es parte de la agenda que el ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas, tomará como referencia para las futuras iniciativas legislativas de esta cartera.
El ministro ha detallado, a la agencia EFE, las principales transformaciones en materia de agroalimentación que han de esperarse en lo que resta de legislatura, entre las que figura, y ha hecho especial énfasis, una futura ley de agricultura familiar, una ley contra el desperdicio de alimentos en grandes superficies y una futura norma de representatividad agraria, muy reclamada por la organización Unión de Uniones en las pasadas protestas de agricultores.
Pero mientras Planas anuncia nuevas medidas e iniciativas en las que ocupar la agenda su cartera, la Ley de Cadena Alimentaria sigue estancada. La última actualización de esta norma fue en 2021, pero el pasado mayo, a petición de la diputada de ERC y exconsellera de Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, el Congreso de los Diputados aceptó modificar la ley de la cadena alimentaria, que opinión de la mayor parte de los grupos parlamentarios no ha sido eficaz desde la última reforma hace tres años.
La reforma contó con el voto favorable de 175 diputados, incluyendo los parlamentarios socialistas, ningún voto en contra y 167 abstenciones entre las cuales se encontraban las del Partido Popular y Vox. Pese a que la normativa salió adelante ya que contó con los apoyos suficientes de la Cámara Baja el gobierno el sector sigue a la espera de los resultados prometidos.
La diputada catalana y promotora de este cambio defendió que esta reforma (secundada por lo socialistas) era una "oportunidad de oro" para dar respuesta a las multitudinarias protestas de principios de este año en las que el sector agrario y ganadero se ve "forzado a vender sus productos por debajo del coste de producción", y de esta forma frenar las prácticas abusivas de las grandes superficies.
"Regulación clave" para el sector primario
La decisión fue muy aplaudida por las organizaciones del sector, que con cierta esperanza aseguraba que esta nueva reforma es "una regulación clave" para el sector primario, ya que tiene en cuenta cuestiones como la definición de la posición de dominio y la reventa a pérdidas.
El optimismo estaba alto entre agricultores y ganaderos ya que era una de las principales reivindicaciones a principios de año momento en el los miembros del sector primario cortaban y colapsaban carreteras y ciudades con su maquinaria en señal de protesta.
"Una nueva oportunidad para corregir el abuso de poder y las prácticas desleales en el seno de la cadena alimentaria contra el eslabón más débil: los productores agrarios", de esta forma la Unión de Uniones mostraba su contento en un comunicado pocos días después de conocer la decisión del Congreso.
Desde el principio, previo, y tras el inicio de las movilizaciones del sector primario, el ministro de Agricultura, Luis Planas, había defendido la ley de 2021, resaltando sus bondades y como esta norma aseguraba el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria. El socialista aseguraba en febrero que ante las prácticas desleales contra ganaderos y agricultores únicamente se debía "fortalecer su aplicación" ya que es una ley que "funciona".
Tras el estallido de las protestas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a reforzar la norma.
Mayor poder negociador
La iniciativa parlamentaria pretendía dar a las cooperativas y otras asociaciones más poder para negociar y tener la posibilidad de incluir los costes reales de producción en sus costes. Otros cambios preveían la prohibición de vender a pérdidas, esto es incluyendo los costes fijos y variables de la actividad de los agricultores y ganadores, la reducción de la carga administrativa y la simplificación del registro de los contratos alimenticios. Otra disposición no contemplada en la norma de 2021, que con la reforma será posible, es la posibilidad de las reventas en el sector.
La proposición de ley fijaba en un 8% el porcentaje de cuota de mercado en la cadena alimenticia lo que conlleva atesorar una posición dominante, además de comprender un mecanismo de definición de estándares de costes de producción medios, desde donde puede partir la definición y formalización de todo contrato.
No es suficiente
Durante el pleno, el diputado socialista Amador Marqués defendió que "el sector necesita el refuerzo y la aplicación efectiva de una ley que tiene que garantizar los precios justos", por otro lado, la diputada del otro partido en el gobierno de coalición, Sumar, Àgueda Micó, se posicionó en pos de aprovechar "las oportunidades de esa propuesta de ley" para "reforzar los intereses de la mayoría social frente a los abusos que cometen las grandes empresas" y dijo posicionarse "del lado de los agricultores".
Pese a las posturas favorables a esta reforma legislativa por parte de las dos formaciones que componen el ejecutivo actual, la norma no parece haber tenido calado. Desde el sector advierten que, aun con este cambio, no es suficiente.
El presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias, Ángel Villafranca, ya destacó la necesidad de reformar ya que según su opinión no garantiza la rentabilidad de los productores: «Si no hay otras medidas de política agraria, de regulación de mercados y de control de fronteras, es muy difícil que la ley de la cadena pueda actuar sobre los costes de producción».
Por otra parte, el presidente de la cooperativa Dcoop, Antonio Luque, señaló que para el correcto funcionamiento de la Ley de la Cadena, se debe fijar el coste de producción de cada producto. «Cada uno de los 75.000 agricultores de Dcoop tiene costes distintos", lo que, según Luque "va a ocasionar muchos problemas en el mundo cooperativo». Antonio Luque, coincide con Villafranca en que para asegurar que la nueva reforma de la ley es efectiva, no debe entrar "ni un kilo de ese producto de fuera por debajo de las condiciones que se exigen en la UE».
