El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles con el único respaldo del PP el real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, la primera norma del paquete legislativo que conforma la reforma del sector que está llevando a cabo el Gobierno.
Todos los demás grupos parlamentarios han rechazado el decreto y han reprochado al Partido Popular la premura con la que el Parlamento ha abordado su convalidación, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y publicado en el BOE al día siguiente, así como la gran cantidad de medidas puestas en marcha por el Gobierno sobre el sector eléctrico en el último año y medio. También se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley, algo pedido por el PSOE y el PNV.
En el debate, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado que el objetivo es resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa (situación que se da cuando los ingresos son insuficientes para cubrir todos los costes del sistema) que se arrastra desde 2004 sin incurrir en elevados incrementos del precio de la electricidad, así como acabar con la incertidumbre.
Según Soria, la reforma eléctrica, que además de este real decreto-ley está compuesta por un proyecto de ley, cinco reales decretos y ocho órdenes ministeriales aún sin aprobar, contiene "medidas imprescindibles" que han generado "incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado capacidad de disuasión" ante los distintos gobiernos y evitará una subida de la luz del 42 %. Asimismo, se hace "un reparto equilibrado" de la carga entre los consumidores, las empresas eléctricas y el Estado, ha explicado.
Para eliminar los 4.500 millones actuales de déficit estructural, el decreto convalidado estipula una reducción de costes por valor de 2.700 millones en actividades reguladas (transporte, distribución y retribución de las energías renovables), otros 900 millones pasarán a los Presupuestos Generales del Estado y los 900 millones restantes a través de una subida de la electricidad en agosto del 3,2 %. El decreto también establece el final del sistema de primas de las renovables y la cogeneración, aunque continuará de forma transitoria hasta desarrollar el nuevo modelo, y estipula que las eléctricas de Unesa volverán a asumir el coste del bono social.
El resto de normas pendientes de aprobar que conforman la reforma eléctrica abordarán aspectos como la reducción de los pagos que reciben las centrales de ciclo combinado por estar disponibles, el nuevo sistema retributivo de renovables y un nuevo modelo de factura para el consumidor.
