El número de empleos públicos en la administración se sitúa en este momento en los 2,8 millones, lo que supone una reducción del 16,5% desde 2011, colocándose en los niveles del segundo trimestre de 2004. Esta caída es fruto de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para adelgazar, simplificar y modernizar la Administración pública y que se incluyen en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentado por el Gobierno el pasado mes de junio. De esta forma, se ha reducido el empleo público en más de 425.000 personas cogiendo datos de la EPA. Vozpópuli ya adelantó este recorte de las administraciones públicas en el mes de octubre de 2013.
Según Europa Press, desde el Gobierno han señalado que se está produciendo un adelgazamiento "muy intenso" de la administración y han destacado el hecho de que el empleo público ya esté a niveles de hace diez años, cuando en 2011 llegó a superar los tres millones de trabajadores públicos.
Paralelamente, el Gobierno ha llevado a cabo la supresión y reducción de organismos públicos y ya prepara el texto de una Ley Reguladora del régimen jurídico del sector público que incluirá requisitos más estrictos para crear y mantener entes públicos. En el capítulo de duplicidades, el Gobierno ha destacado que algunas comunidades estén acomodando las medidas que recoge el informe de la CORA. Así, hay nueve comunidades con Defensores del Pueblo pero Asturias y La Rioja ya han decido suprimirlo.
Compras centralizadas
Asimismo, el Gobierno está impulsando la compra centralizada. Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobará contratos centralizados de combustible y de compra de motos para la Administración General del Estado con los que prevé ahorrar al menos nueve millones de euros. A lo largo de 2014, y con el objetivo claro de ahorrar, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere impulsar esa contratación centralizada en más materias, como la limpieza, la energía eléctrica, la seguridad de edificios, las comunicaciones o la adquisición de vehículos de turismo, según han avanzado las mismas fuentes.
Además, se ha reducido el parque móvil del Estado. De la flota inicial de 926 vehículos se ha llegado a 652 vehículos, mientras que el número de conductores ha pasado de 1.002 a 836, consiguiendo con ello un ahorro de 10,8 millones de euros. Para ello, se han realizado ya dos subastas (en noviembre 2002 y mayo 20013) y está previsto realizar una tercera el próximo 19 de mayo. El Gobierno trabaja también en un inventario de vehículos eficientes, que obligará a registrar todos los coches de la administración y facilitar esa información en un plazo de seis meses. Además, se exigirá autorización para la compra de cualquier coche y se establecerán gamas homologables por categorías de forma que los ministros dispongan de vehículos similares.
Otra de las tareas del Gobierno pasa por la centralización de las cuentas de tesorería de la Administración General del Estado. De las 4.823 cuentas corrientes, 423 están en el Banco de España, 3.163 están domiciliadas en distintas entidades españolas y 1.236 en cuentas abiertas en el extranjero. En esta primera fase, el Gobierno se ha marcado como objetivo centralizar las cuentas que están en territorio nacional, lo que supondría ya un elevado nivel de ahorro. De acuerdo con los cálculos del Ejecutivo, se puede llegar a 378 millones de ahorro total con la implantación en tres años de esta medida centralización de cuentas.
El Gobierno considera que su reforma de la administración pública incluye iniciativas que están "revolucionando los métodos de gestión". El presidente y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, presentarán estas medidas a varios Gobiernos europeos el próximo lunes en una jornada europea sobre la administración pública en el Palacio de la Moncloa.
