La Fiscalía de Madrid denunció al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por haber defraudado a Hacienda 2,4 millones entre 2011 al 2013 y por haber escondido bienes traspasando su titularidad a sus tres hijos por valor de otros 2,6 millones. Según ha adelantado la edición digital del diario La Vanguardia, el escrito de la Fiscalía de Madrid que dio origen a esta investigación al exdirector gerente del FMI que recayó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid se dirigía además contra su asesor fiscal Domingo Plazas.
La denuncia, basada en el correspondiente informe de la Agencia Tributaria, atribuye al expresidente de Bankia un delito de alzamiento de bienes al haber traspasado a sus tres hijos, "sin que haya quedado acreditado, en este momento inicial, que los mismos conocieran y compartieran el propósito del denunciado", la titularidad de activos por una cifra de 2,6 millones. Y ello con la finalidad de evadir el pago de sus responsabilidades civiles en el 'caso Bankia'.
Rato no habría declarado ingresos de la renta por un importe de más de 6 millones, según la Fiscalía
Tras ello, Rato realizó nuevas operaciones, esencialmente ampliaciones de capital, para recuperar el control de su patrimonio, pero desde una firma ubicada en Gibraltar. El relato del fiscal, según el mismo medio, desvela la estructura patrimonial de Rato controlada desde ese territorio a través de la sociedad Vivaway.
Además del de alzamiento, la Fiscalía atribuía a Rato y su asesor delitos contra la Hacienda Pública al no haber declarado ingresos de la renta por un importe total de más de 6 millones de euros, lo que significó una cuota defraudada de 2,424 millones, y otro de blanqueo de capitales.
La Fiscalía solicitaba al juez diversas diligencias, desde el bloqueo de bienes y el control de los movimientos bancarios, a la entrada y registro en domicilios y despachos, que se produjo el pasado 16 de abril, pero no figura la petición de detención. En declaraciones a la agencia Efe, Rato ha confiado en que sus abogados acreditarán la irrelevancia penal de los hechos, una vez analizado "en profundidad" el sumario del caso cuyo secreto ha levantado este miércoles el juez de Instrucción número 31 de Madrid.
