Diez minutos. Eso es lo que ha durado la esperada comparecencia de Salvador Victoria, el 'número 2' del Gobierno de Ignacio González en la Comunidad de Madrid, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, para aclarar su presunta relación con el 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. Diez minutos en los que no ha prestado declaración tras alegar su abogado un incidente de nulidad procesal en su citación como imputado ya que, cuando se produjo ésta, el 2 de junio, aún era aforado y por tanto, el magistrado no era el competente para actuar judicialmente contra él.
Victoria insistió a la prensa al término de la misma que ya no se encontraba imputado y que, de hecho, el magistrado ni siquiera le había tomado declaración. Sin embargo, esta situación judicial le ha durado escasos minutos. Exactamente, los que ha tardado el magistrado en redactar un nuevo auto de citación como imputado. Ahora que ya no tiene ninguna protección jurídica tras su dimisión y la pérdida de todos sus cargos públicos, deberá comparecer el próximo 20 de julio y lo hará de nuevo como imputado.
La desimputación le ha durado escasos minutos a Victoria, exactamente los que ha tardado el magistrado en redactar una nuevo auto de citación
La que no ha esgrimido ninguna argucia jurídica y sí ha declarado ha sido la que fuera su compañera en el Ejecutivo regional, Lucía Figar. La exconsejera de Educación ha permanecido durante cerca de dos horas en el despacho del juez Velasco contestando preguntas sobre su relación y la de su departamento con EICO Online Reputation Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, las dos empresas del 'conseguidor' de la trama Púnica. En concreto, ha sido interrogada sobre cuatro contratos por un total de 81.000 euros adjudicados a dichas mercantiles para realizar 'cliping' (resúmenes de prensa digital), pero que el juez sospecha sirvieron para enmascarar labores de reputación 'online' en favor de la propia Figar.
Una de las trabajadoras de Alejandro de Pedro que declaró como testigo reconoció al magistrado que uno de ellos consistió en 'tapar' en Internet las noticias publicadas sobre la polémica autoconcesión por parte de la consejera de Educación de un 'cheque guardería' para su hija pequeña. Minimizar esta última fue, según el testimonio de esta empleada de EICO, "uno de nuestros huesos porque no podíamos bajarla" en los buscadores. Según fuentes cercanas a su defensa, la política ha defendido dichos contratos y ha negado que nadie del PP le ordenara contratar con el 'conseguidor' de Púnica. Ha asegurado que lo hizo por las buenas referencias que había de él por su labor con grandes empresas. El juez Velasco ha decidido mantener a Figar imputada aunque sin medidas cautelares.
Señalado por un detenido
En el caso de Salvador Victoria, éste fue implicado en las actividades de la trama por uno los detenidos en la macrorredada de octubre, José Martínez Nicolás, antiguo cargo de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), organismo público que presidía, precisamente, el político salpicado. Martínez Nicolás aseguró ante el juez Velasco que fue el 'número 2' del Ejecutivo autonómico quien le ordenó pedir a la empresa Indra que saldara una deuda de 10.000 euros con el presunto 'conseguidor' de Púnica.
Éste se dedicaba a mejorar la imagen en las redes sociales y en Internet de políticos, entre ellos la de Ignacio González, para el que supuestamente hizo trabajos de reputación 'online' con los que minimizar la presencia en los buscadores de la red de las noticias relacionadas con su polémico ático en Marbella. El magistrado sospecha que algunos de dichos trabajos fueron supuestamente sufragados con dinero público y que, para ello, se usaron facturas falsas con la supuesta connivencia de algún directivo de la compañía tecnológica. En el caso de Salvador Victoria, la cantidad bajo sospecha se eleva a 120.000 euros.
