España

Sánchez espera que la UE mantenga 'barra libre' de déficit en 2023 para ganar a Feijóo

Su gran escollo es que el norte ‘frugal’ quiere imponerle condicionalidad a cambio y los 12.000 millones de actualización de las pensiones por el aumento de la inflación están en el punto de mira de la Comisión

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. -

Pedro Sánchez sabe que los 6.000 millones de ayuda contenidos en el Plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania son solo una tirita y no van a detener la hemorragia inflacionista que sufre España en mayor medida que otros países de la zona euro: 9,8% de IPC adelantado hasta el 21 de marzo, que se convertirá en dos dígitos cuando se compute el resto del mes y se incluyan los efectos del desabastecimiento causado por la huelga de camioneros. La fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, ya ha advertido que el decreto-ley aprobado la reducirá apenas un punto.

Sabe también el presidente del Gobierno que, aunque vayan abaratándose pétroleo y gas, la inflación seguirá disparada en abril y mayo, y tendrá que prorrogar más allá del 30 de junio varias medidas del plan -subvención de 20 céntimos al gasóleo, aumento de perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y del Bono social eléctrico, créditos ICO-. Pero confía en no tener que financiarlas a base de recortar otras partidas presupuestarias de 2022 y en que lleguen ya los 70.000 millones en créditos blandos de los fondos New Generation para aliviar la situación de las empresas.

Y, por encima de todo, Sánchez confía en que la Comisión Europea no compute estos créditos como deuda y siga sin poner límites al déficit de los Estados en 2023, año de elecciones municipales, autonómicas en mayo y luego generales en España, admiten a Vozpópuli distintas fuentes gubernamentales. Es decir, el líder del PSOE cuenta con ganar a Alberto Núñez Feijóo -al que va a recibir esta semana- tras aprobar en los próximos meses con su socio de coalición Podemos y con el Bloque de Investidura unos nuevos presupuestos generales del Estado “expansivos” en gasto; podría entonces, incluso, bajar ciertos impuestos justo antes de someterse a las urnas, no ahora cuando lo exige el PP.

Cuenta para ello con la ayuda en la sombra de sus dos grandes aliados en esta legislatura, UGT y CC.OO., que no van a incendiar la calle convocando una huelga general este otoño para acelerar la llegada de Feijóo a La Moncloa de la mano de Vox, y de una CEOE que acaba de suscribir la reforma laboral y es proclive al Pacto de rentas propuesto por La Moncloa para evitar la inflación más peligrosa aún que la del alza de precios de la energía, la de segunda ronda motivada por los incrementos salariales.

A 'lomos' de una recaudación espectacular

Fuentes socialistas admiten, no obstante, que la variable más importante en este fin de legislatura va a ser la posible prórroga de endeudamiento que autorice Bruselas añadida a la espectacular recaudación del IVA que ha traído consigo el encarecimiento de la vida, de los impuestos directos -la tarifa del IRPF lleva sin ser deflactada desde 2015- y a la reducción de la deuda pública -España cerro 2021 en el 118,4% del PIB, 1,6 puntos mejor que lo previsto-; una reducción la cual facilita las emisiones del Reino de España en 2022 pese al aumento de la prima de riesgo.

Si le sale la jugada, Pedro Sánchez habrá logrado la cuadratura del círculo de unas cuentas tensionadas no solo por el aumento exponencial de las pensiones -hasta 12.000 millones más por efecto de la inflación desbocada-, por el aumento del número y del sueldo de los funcionarios -5,6% frente al 1,47% del sector privado-, o por su compromiso con la OTAN de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, reiterado el pasado miércoles en el Congreso.

Un creciente aumento al que se va a añadir a partir de ya los 6.000 millones en ayudas al gasoleo y otras -mas 10.000 en créditos ICO para sostener el tejido empresarial- contenidas en el decreto-ley que a convalidar el Congreso este martes, y sus sucesivas prórrogas trimestrales. Un “alud”, dicen desde el PP, que no lo cubren ni los 29.300 millones más de recaudación obtenidos por el Estado el año pasado ni las emisiones de deuda venideras. “¿Qué país piensa dejar Sánchez, uno con una deuda del 140% del PIB que la seguirán pagando nuestros nietos?”, se pregunta la diputada Elvira Rodríguez, miembro del Comité Ejecutivo de los populares.

“Se acepta que España y Portugal sean una excepción, una isla dentro del mercado de la electricidad, pero no se va a permitir que las deudas sigan disparadas hasta 2030 porque eso lastraría el crecimiento de toda la zona euro”, señala una fuente comunitaria

El gran escollo para esa estrategia de La Moncloa, admiten fuentes comunitarias, es ahora mismo más político que económico porque los países del norte conocidos como frugales no aceptan, sin más, que el sur siga endeudándose sin el respaldo del Banco Central Europeo (BCE) y sin empezar a tomar medidas para volver a la llamada regla de gasto: máximo 3% de déficit anual y una deuda equivalente al 60% del Producto Interior Bruto (PIB).

“Se ha aceptado que España y Portugal sean una excepción, una isla dentro del mercado de la electricidad, eso sí, sin cambiar el sistema marginalista, pero no se va a permitir que las deudas sigan disparadas hasta 2030 porque eso lastraría el crecimiento de toda la zona euro”, advierten las citadas fuentes.

Alemania, Holanda, Austria y los países nórdicos, en esta ocasión con la complicidad de la Comisión Europea, van a exigir “algún tipo de condicionalidad” a los países fuertemente endeudados; en el caso de España, lo que está claramente en el punto de mira es la sostenibilidad de las pensiones; en general, el grado de cumplimiento de las reformas comprometidas antes de que la UE desembolse a nuestro país el segundo tramo de las subvenciones contenidas en los fondos New Generation, 12.000 millones, para PERTEs, digitalización y proyectos empresariales sostenibles.

De hecho, antes de que se empiece a hablar de cara a la próxima cumbre europea sobre prolongar a 2023 la denominada cláusula de salvaguarda, que desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, permite a los países situar sus déficit por encima del 3% y la deuda muy por encima del 60% del PIB, la Comisión ya está presionando a España para que desligue la revalorización de la jubilación de la inflación.

Esta semana el gobernador del Banco de España y Calviño chocaron: uno pidió meter a los jubilados en el ’pacto de rentas’ porque no se puede revalorizar las pensiones tanto como el IPC y la otra les dijo ”no van a ver menguadas sus pensiones”

Y es que pasar del 2,5% de subida pactada al 8 o 9% de IPC con el que acabará 2022 supondría para la Hacienda un desembolso extra de nada menos que 12.000 millones de euros. España no se lo puede permitir y debería abocar al Ejecutivo a incluir a los jubilados en el pacto de rentas junto a empresarios y trabajadores, ha dicho esta semana el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, contradiciendo las palabras de la vicepresidenta, Nadia Calviño: “Mandamos un mensaje de tranquilidad a los pensionistas, pese a la guerra no van a ver menguadas sus pensiones”.

Al vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovsky, y al comisario de Economía, Paolo Gentiloni, les preocupa semejante descuadre de presupuestario de España en 2022. Pero, sobre todo, les preocupa el futuro; no salen las cuentas del mecanismo de sostenibilidad que les ha vendido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá para lograr los 60.000 millones/año más en pensiones que va a tener que pagar el Estado cuando se empiece a jubilar la llamada generación del baby boom: subir las cotizaciones sociales un 0,5% entre 2023 y 2032. Según Bruselas, con eso no se recaudan ni 20.000 millones año.

En este punto, el PSOE tiene otro problema, interno, y es que ni su socio de gobierno, Podemos, ni los sindicatos ni el Bloque de investidura quieren oír hablar de desligar las pensiones de la inflación, pero tendrá que elegir porque la Comisión Europea va a instar a los gobiernos a ir reduciendo paulatinamente déficit y deuda aunque en 2023 no vuelvan las multas por incumplimiento de la regla de gasto europea y se mantenga la cláusula de salvaguarda.

De momento, el Ejecutivo de coalición de izquierdas gana tiempo y, como hizo este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presume de seguir logrando la cuadratura del círculo sin llevar a cabo las políticas de ”austeridad” que recomiendan los países frugales del norte. Veremos.

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