La nueva versión del semáforo covid tampoco ha tenido una acogida total entre las comunidades autónomas, especialmente por las medidas restrictivas que propone en los diversos niveles de alerta. Las comunidades autónomas han acordado que solo salgan adelante los indicadores del semáforo, aquellos que determinan el nivel de riesgo, pero no las recomendaciones que llevan aparejadas, algo que decidirá cada comunidad autónoma.
Así lo ha podido confirmar Vozpópuli a través de fuentes presentes en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este martes. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido este punto en rueda de prensa. La Comunidad de Madrid se ha abstenido a la votación del semáforo covid porque considera que es un documento de recomendaciones "fuera de la realidad".
Las limitaciones horarias que planteaba la Ponencia de Alertas para el nivel dos de alerta en hostelería y discotecas han sido rechazadas y serán las comunidades autónomas las que decidan al respecto.
La Comisión de Salud Pública también ha aprobado la inoculación de una tercera dosis a las personas de entre 60 y 69 años, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. La Comunidad de Madrid también se ha opuesto a esta decisión porque argumenta que no se ha aportado "ningún criterio técnico, ni científico" que la avale.
En el documento de los expertos del Ministerio de Sanidad, se proponía que la hostelería cierre el interior de los bares a las 23:00 y las discotecas a la 01:00 de la madrugada. Además, se endurecía el número de personas que puede estar en una mesa en interior con dicho nivel de alerta, pasando el máximo de 15 a diez.
En cuanto al pasaporte covid, el Ministerio de Sanidad ha reiterado que las comunidades autónomas que deseen aplicarlo como requisito para entrar en bares, restaurantes o locales de ocio, deberán acudir a los tribunales. Hasta ahora se ha aprobado su uso en Cataluña, Galicia y Baleares. Ahora mismo hay otras tres comunidades a la espera de lo que diga la justicia: Navarra, La Rioja y Aragón. En este último caso, el tribunal superior aragonés ha dado 10 días al Gobierno de Javier Lambán para que argumente la necesidad de la medida.
