Toda la cúpula del Santander. Los sobres con polvo blanco que el pasado 6 de octubre dispararon las alarmas en la Ciudad Financiera que el banco tiene en la localidad madrileña de Boadilla del Monte tenían como destinatarios a los más altos directivos de la entidad. En concreto, a la propia presidenta, Ana Patricia Botín; al consejero delegado, José Antonio Álvarez; y a cinco directores generales que tienen sus despachos en el edificio presidencial del recinto, según ha podido confirmar Vozpópuli en fuentes policiales y del propio banco. De las siete misivas, tres fueron abiertas en las secretarías de las personas a las que iban dirigidas, mientras que las otras cuatro fueron inmovilizadas aún cerradas cuando se detectaron las primeras.
Los siete sobres iban dirigidos a directivos que tenían sus despachos en el edificio presidencial de la Ciudad Financiera, por lo que éste fue el único del complejo que fue evacuado aquella tarde
Al final, una docena de trabajadores que estuvieron en contacto con ellas tuvieron que ser descontaminados siguiendo el protocolo ante la primera sospecha de la presencia en los envíos de un agente bacteriológico, en concreto ántrax. Entre los afectados no figuraba ningún alto directivo de la entidad, al contrario de lo que se recogió en las primeras informaciones que se publicaron esa misma tarde. A las pocas horas de la recepción de los sobres, los especialistas de la Guardia Civil descartaron con un análisis realizado sobre el terreno que la sustancia contenida en ellos fuera peligrosa, aunque aún faltan por concluir los estudios definitivos.
La alerta por las cartas se disparó diez minutos antes de las tres de la tarde de aquel martes. La secretaria de uno de estos altos directivos avisó al equipo de seguridad de la entidad de que al abrir una carta había descubierto en su interior una sospechosa sustancia polvorienta de color blanco. La entidad localizó poco después otros seis envíos de características similares remitidos a otros tantos integrantes de la cúpula del banco. Dos de los cuales ya habían sido abiertos, mientras el resto pudo ser inmovilizado antes de que fuera manipulado. Desde la Ciudad Financiera del Santander se avisó entonces al puesto de la Guardia Civil en Boadilla del Monte, cuyos responsables, ante las características de la alerta, decidieron enviar a los especialistas del Gedex NRBQ (Grupo de Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química). Éstos, como primera medida, decidieron evacuar el edificio presidencial donde se habían localizado las misivas. Precisamente, el propio diseño del complejo financiero en Boadilla, con múltiples edificios de baja altura, permitió que la actividad en los servicios centrales sólo se viera afectado en la circular construcción presidencial.
"Ninguna sintomatología"
La alarma duró, sin embargo, pocas horas. Los análisis de urgencia que sobre el terreno realizaron los agentes dieron resultado negativo. No obstante, los responsables de las pesquisas ordenaron seguir el protocolo y se procedió a la descontaminación de la docena de trabajadores de la entidad que estuvo en contacto con las cartas. Esta labor la realizaron los integrantes del servicio de asistencia sanitaria urgente de la Comunidad de Madrid (SUMMA) que también habían sido desplazados al lugar. Tras ello, se desactivó la alerta bacteriológica por riesgo de ántrax. De hecho, tras saltar esa misma tarde a los medios de comunicación el suceso, la entidad que preside Ana Patricia Botín se apresuró a emitir un comunicado en que aseguraba que los empleados que habían estado en contacto con los sobres no presentaban ninguna sintomatología y que, con excepción de la zona afectada, el resto de los servicios centrales del banco continuó su actividad con normalidad.
El Código Penal contempla penas de hasta un año de cárcel para quien active "los servicios de Policía, asistencia o salvamiento" con una falsa alarma como la de los sobres
Los siete sobres fueron remitidos posteriormente a los dos laboratorios de referencia en España ante amenazas NRBQ para que realizaran un estudio en profundidad del contenido de la misiva en busca de cualquier traza de sustancias bacteriológicas o químicas peligrosas. En concreto, el Hospital Carlos III y al Instituto Tecnológico La Marañosa, perteneciente este último al Ministerio de Defensa. En el primero se rastrea la presencia de esporas de ántrax. En el segundo, la de sustancias explosivas o corrosivas. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que dichos análisis aún no habían finalizado este miércoles.
Aunque las fuentes policiales consultadas recalcan que todo apunta a que el envío de las siete cartas han sido "una broma de mal gusto", también destacan que se intentará localizar al autor o autores que las remitieron. En este sentido, recuerdan que el artículo 561 del Código Penal, que castiga a los que realicen falsos avisos de bombas, contempla penas de entre tres meses y un año de cárcel a aquel que "afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de Policía, asistencia o salvamento". Una situación, insisten, que fue la que provocó las misivas enviadas a Ana Patricia Botín, a su consejero delegado y a los cinco directores generales del Santander-
TRES RECIENTEs antecedentes PENITENCIARIOs
La alerta por amenaza bacteriológica del pasado 6 de octubre en la sede central de Santander no es la primera de estas características que se produce en España en lo que va de año. El pasado mes de febrero dos sobres con una sustancia blanca en su interior recibidos en los centros penitenciarios de Aranjuez (Madrid) y A Lama (Pontevedra) también requirió la intervención de agentes especializados en NRBQ. En la primera cárcel, la misiva tenía como destinatario la delegación que el sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP tenía en la misma. Ocho funcionarios tuvieron que ser aislados. La segunda misiva iba dirigida al director del centro gallego. Los subdirectores de Seguridad y de Régimen Interno, la secretaria de dirección y otro trabajador tuvieron que someterse a una descontaminación como medida preventiva. En ambos casos se descartó que la sustancia que contenían las misivas supusiera "un riesgo biológico". Una semana antes ya se había recibido un sobre con un contenido similar en la cárcel catalana de Brians que también resultó ser una falsa alarma.
