El secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO), Antonio Duarte, ha remitido a los principales clientes de Seguridad Integral Canaria, empresa a la que, entre otras cosas, adjudicaron en 2014 los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, una carta en la que denuncia los asuntos con la justicia que tendría pendientes el presidente y propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, y pide la revisión de los contratos.
Ramírez, un canario al que se le conoce amistad con el ministro de Industria, José Manuel Soria, fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado por delito urbanístico. Además, según la carta remitida por USO, Seguridad Integral Canaria está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar supuestamente en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial.
Esa carta de tres folios, fechada el pasado 5 de febrero y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, está dirigida al ministro Pedro Morenés y a otros siete altos cargos del Ministerio de Defensa; al Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Jaime Domínguez Buj; al director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas”, Ignacio Azqueta; al presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, y al director de Seguridad del Ente, Alfonso Perellón, así como al Consejero Delegado de BBVA, Ángel Fernández Cano, y a otros cuatro altos cargos de este banco, como a su director de Seguridad, Julio Corrochano, quien ha sido Jefe Superior de Policía de Madrid.
Los problemas judiciales de la empresa canaria de seguridad
Como ya informó Vozpópuli en su momento en un extenso reportaje, son muchos los problemas por los que atraviesan los trabajadores de la seguridad privada, pero parece ser que la palma se la llevaría, entre otras empresas de las casi 1.500 que componen el sector, Seguridad Integral Canaria; eso, al menos, es lo que afirma el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, en la carta-informe a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que pide a las empresas e instituciones a las que ha sido remitida que rescindan el contrato con esta sociedad canaria.
En su carta, Duarte dice a los destinatarios que “la contratación [de los servicios de seguridad a esta empresa canaria] la realizaron meramente en base a criterios de ahorro de costes”, pero que no deben ser los únicos criterios, sobre todo porque –afirma la carta- el dueño de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, fue condenado por delito urbanístico, aunque el Gobierno de Rajoy le concedió un indulto.
Pero, además, USO afirma que Ramírez “está actualmente imputado por varios delitos, entre ellos por los hechos acaecidos en el servicio que prestaba su empresa en el Aeropuerto Tenerife Sur (AENA), por supuestos delitos de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación de caudales públicos”, un expediente que, sin embargo, estaría parado en el Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 3 de los de Granadilla.
En la carta se añade también que Ramírez está imputado por el Juzgado de Instrucción Nº 8 de las Palmas de Gran Canaria por un supuesto delito fiscal, al no retener en IRPF ni supuestamente cotizar debidamente a la Tesorería General de la Seguridad Social por las horas extras que realizan sus trabajadores.
En ese punto, la carta remitida por Antonio Duarte al ministro de Defensa y a los otros 17 destinatarios afirma lo siguiente: “Las cantidades que debieron de haberse retenido e ingresado son 1.251.650,22€ en el año 2008 y de 1.1143.057,42 € para el año 2009, según datos de la Agencia Tributaria. No obstante, se prevén defraudaciones superiores al estar pendientes los pertinentes informes en relación al periodo que comprende del 2010 al 2013, y con respecto a las retenciones de IRPF e ingresos correspondientes derivados para la TGSS de dichos ejercicios”.
No obstante, según recoge la propia carta, la empresa habría reconocido parte de los anteriores hechos y habría pactado con la Unidad Central de la Inspección de Trabajo abonar las cantidades supuestamente defraudadas en 10 mensualidades.
La situación interna de los trabajadores: competitividad ventajista
Más allá de los expedientes judiciales, la queja de USO explicitada en su carta a los citados destinatarios se refiere de forma muy explícita a como la empresa Seguridad Integral Canaria habría intentado modificar de forma sustancial las condiciones de trabajo a sus trabajadores, bien a través de un descuelgue salarial o de la formalización de un convenio de empresa propio, “con la finalidad de adquirir ventaja competitiva en las licitaciones (en este sector los gastos de personal suponen más del 90% de los gastos generados por los operadores), pero siempre se ha encontrado con la oposición final, aunque tardía, de las autoridades laborales”.
USO afirma en este punto que la empresa continúa con su política de abono de menores retribuciones de las establecidas por Convenio Colectivo a sus empleados, “siendo una de las empresas más demandadas y conflictivas del sector”, dice la carta, “como fácilmente puede cotejar del ambiente de crispación con respecto a ella de este sindicato, tanto en medios informativos como en foros del sector”.
Otras propuestas de sanción
USO relaciona seguidamente las otras propuestas de sanción que tendría Seguridad Integral Canaria por parte de la Inspección de trabajo, destacando una de 25.000€ por supuestamente no abonar a sus trabajadores en tiempo y forma la nómina mensual. Además, la carta que firma Antonio Duarte en nombre de USO destaca su política laboral, acusándola de cosas más intangibles, como de supuestos abusos de autoridad o de intimidación.
En ese punto, destaca Duarte los despidos de los 5 miembros del Comité de Empresa y del Delegado Sindical de la FTSP-USO en Tenerife. Pero añade: “Afortunadamente, estos representantes de los trabajadores represaliados han ganado sus demandas por despido nulo y pudieron volver a sus puestos de trabajo en la empresa”.
Finalmente, USO lanza una advertencia a las empresas contratistas: “Nuestra asesoría jurídica está analizando seriamente la viabilidad de demandar judicialmente a todas las empresas o instituciones donde preste servicios” la empresa canaria, pero “como responsables civiles subsidiarios o solidarios en todas las reclamaciones de cantidades que se dirijan a esta empresa por parte de la Administración y de los trabajadores”. Y también les comunican que USO está estudiando incluir como parte denunciada o querellada “a las instituciones o empresas contratantes en las posibles denuncias o querellas criminales por delitos ante la Hacienda pública y la Tesorería General de la Seguridad Social”.
Según los datos facilitados por la propia empresa, Seguridad Integral Canaria surgió en 1995 para la vigilancia y la protección de bienes e instalaciones, además de posicionarse como la “apuesta más segura” en el transporte de fondos y valores en Canarias y la Península Ibérica. En pocos años se convirtió en la empresa líder de seguridad en el archipiélago canario, y en 2005 amplió su actividad en el resto del territorio nacional, instalándose en Madrid.
Actualmente cuenta con grandes contratos en Metro de Madrid (unos 500 vigilantes), los edificios de Nuevos Ministerios, edificios del Patrimonio Nacional, cuarteles y edificios relacionados con el Ministerio de Defensa, INTA, RTVE y BBVA (transporte de fondos, al menos en Canarias).
