El pleno del Senado aprobó este miércoles definitivamente la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga.
La ley ha salido adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones, sin que se haya introducido enmienda alguna, con lo que el texto no tiene que volver a pasar por el pleno del Congreso.
Primero se han votado y rechazado las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga.
La portavoz del PP, Cristina Ayala, ha considerado que esta derogación es una "chapuza" y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto al sindicalismo.
El portavoz de Vox José Manuel Marín Gascón, ha asegurado que su grupo está a favor del derecho de huelga, pero en contra de que se ejerza bajo presión, coacción o violencia, ya que "cada vez que hay una huelga aparecen los piquetes que dejan de ser informativos para volverse violentos".
El portavoz socialista, Toni Ferrer, histórico líder de UGT hasta su incorporación al PSOE, ha defendido que la posibilidad de extender la huelga informando a los trabajadores es inseparable del ejercicio del derecho fundamental de huelga y no puede estar penado. "Los piquetes no son violentos ni tienen ninguna intención insurreccional", ha dicho Ferrer, que ha acusado a PP y Vox de querer "impedir que se hagan huelgas".
Cerca de 300 sindicalistas
UGT y CCOO han celebrado que por fin se haya derogado un artículo por el que consideran que han sido encausados de manera injusta cerca de 300 sindicalistas, fundamentalmente durante los años de gobierno del PP en los que el Ministerio Fiscal hizo una aplicación "genaralizada y abusiva" del artículo, solicitando penas de hasta 8 años de cárcel par sindicalistas que participaron en piquetes.
En un comunicado conjunto, han asegurado que la derogación garantiza el derecho de huelga, y refuerza el derecho a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, han recordado que la ley aprobada hoy contempla la anulación de las sentencias aplicadas con arreglo a ese precepto.
