La abogada Rosa María Seoane tiene en sus manos el futuro del acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC. No es un cargo del Gobierno, tampoco integra la mesa de negociación entre los socialistas y los independentistas. Es la abogada del Estado que coordinó la acusación contra los líderes en representación del Ejecutivo y que ahora debe posicionarse sobre el futuro de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
ERC ha dejado en suspenso el diálogo con el PSOE hasta ver la reacción de esta funcionaria del Estado, quien ya en junio informó a favor de que se dejase salir de prisión a Junqueras para adquirir su acta de eurodiputado. Fue la única de las acusaciones que adoptó esta postura en contra de la Fiscalía y el partido Vox. Ahora el TJUE ha sentenciado que su criterio era el correcto.
No obstante, la ambigüedad del texto emitido por el organismo europeo respecto a si Junqueras debe ser puesto ahora en libertad ha llevado al tribunal que le condenó a preguntar otra vez a las partes sobre su parecer. El escenario ya no es el mismo, pues hay una sentencia firme contra el dirigente independentista. Presionado ahora por ERC, el precedente más cercano de lo que pensaba el Ejecutivo se remonta al 12 de noviembre, cuando el abogado general del TJUE emitió su informe en el que ya avanzó que la inmunidad de Junqueras comenzó desde que fue elegido en las urnas.
Aquel día, frente al optimismo del independentismo, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que pedía cautela hasta la decisión final. Aseguraba además que la postura defendida ante el TJUE por la Abogacía del Estado era la misma que la del Parlamento europeo, es decir, que la inmunidad empieza cuando se recoge el acta. Ejecutivo español confiaba en que el TJUE "acoja los sólidos argumentos jurídicos expuestos por el Estado español que ha intervenido en el proceso apoyando la postura del Parlamento Europeo". No ha sido así.
La Fiscalía ya ha dicho que mantiene su negativa a que el líder de ERC sea excarcelado al haber ya una sentencia firme en su contra. Seoane por el momento no se ha pronunciado. Fuentes de su departamento aseguran a Vozpópuli que todavía están analizando la resolución y no tienen prisa. El Tribunal Supremo les ha dado un plazo de cinco días para manifestarse tanto en lo que afecta a Junqueras como en el efecto que la sentencia del TJUE puede tener también sobre el futuro del expresidente fugado Carles Puigdemont.
Su llegada tras el cambio de Gobierno
El nombramiento de Seoane (47 años) se enmarcó en el cambio de Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. El dirigente socialista nombró a la fiscal progresista Dolores Delgado ministra de Justicia y una de sus primeras decisiones fue designar una nueva directora del servicio jurídico del Estado, Consuelo Castro, en sustitución de Eugenio López.
En noviembre de 2018, Castro cesó al abogado del Estado que hasta entonces había dirigido la instrucción del caso del procés en el Tribunal Supremo, Edmundo Bal. Era partidario de condenar a los dirigentes independentistas por rebelión en sintonía con la Fiscalía. Aquel movimiento soliviantó a la oposición. “Es una de las cesiones más vergonzantes que ha hecho el Gobierno en todo este tiempo” (...) “ha perdido la confianza de muchos españoles que creían que el Gobierno iba a defender al Estado”, dijo el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
“Sánchez está poniendo el Estado al servicio de los golpistas para poder atrincherarse en La Moncloa. Y purga sin pudor a todo aquel que se oponga a esta humillación nacional”, reaccionó el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien acabó fichando a Edmundo Bal para su partido. En ese clima aterrizó en el caso Rosa María Seoane, sin haber llevado la investigación sobre el desafío soberanista que la Fiscalía llegó a tildar de “golpe de Estado”.
De rebelión a sedición
La convulsa llegada de Seoane estuvo precedida de la decisión de la Abogacía del Estado de cambiar el criterio mantenido por Edmundo Bal -aún al frente del caso- y rebajar la acusación contra los líderes del procés. De rebelión pasó a sedición, que entraña penas más bajas. “No vamos a tolerar que el Gobierno ponga en jaque la dignidad de España por mandato de los golpistas", dijo entonces el líder del PP, Pablo Casado.
El propio Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición, había declarado en una entrevista televisiva que no tenía dudas de que lo que se produjo hace un año en Cataluña fue un presunto delito de rebelión. El vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, justificó aquel viraje en que Sánchez no era presidente cuando dijo esas palabras: “Nosotros somos Gobierno ahora respondemos de la posición del Gobierno”.
Finalmente, la Abogacía del Estado pidió en el juicio del Tribunal Supremo penas que iban hasta los 12 años de cárcel en el caso de Junqueras. Eso era muy por debajo de la petición de Fiscalía, que solicitaba hasta 25 años para el líder de ERC o la acusación popular de Vox, que defendió condenarle a 74 años de prisión.
“A juicio de esta parte, para que un alzamiento público tenga una violencia de rebelión debe concurrir que la violencia o la amenaza de emplearla hayan sido organizadas y previstas como un instrumento nuclear para el fin pretendido y en segundo lugar que la amenaza sea suficiente, idónea”, sostuvo Seoane en su informe de conclusiones finales del juicio. La sentencia avaló esta posición e impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición.
