"Nunca lo dijo", ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que tiene la prueba documental porque fue la encargada de hacer el traspaso de poderes.
En este sentido, ha explicado que fue ella quien pidió al anterior Departamento económico la cifra de déficit y mandó correos porque no le respondían. "La cifra nunca llegó", ha subrayado.
Contra el fraude... en la ciudadanía
El Consejo de Ministros además ha aprobado hoy el anteproyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal, con el fin último de "acabar en España con esa visión tolerante de los que defraudan", como recoge Efe.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado tras el Consejo de Ministros que se trata de "recuperar la confianza y la credibilidad del país" a través de un cumplimiento "leal y responsable" de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.
"Hay que acabar con el que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez"
Un "cambio en la mentalidad de lo privado" para "acabar en España con esa visión no positiva, pero sí tolerante, frente al que defrauda, no paga impuestos, da facturas sin IVA y encima te lo pregunta con total desparpajo". También acabar con "el que considera que es más listo que nadie porque está trabajando y cobrando el paro a la vez con los impuestos de los españoles", algo que "no es admisible en ningún momento" pero menos en el actual, ha señalado.
"Nadie puede ir de listo por la vida, trabajando y cobrando subvenciones", ha recalcado la vicepresidenta, que ha explicado que el anteproyecto se envía ahora al Congreso para su discusión en el próximo periodo de sesiones.
Otra de las medidas del Ejecutivo ha sido la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la Seguridad social y defraudación de prestaciones del sistema de pensiones y desempleo. Se permitirá imputar hechos que actualmente son sancionables administrativamente.
En concreto se eleva hasta los seis años, y multa del doble al séxtuplo de la cuantía defraudada, para elevar la prescripción de los delitos a 10 años en supuestos de especial gravedad de organizaciones delictivas o entramados empresariales.
También se reduce a 50.000 euros durante cuatro años (frente a los 120.000 actuales en un año) la cuantía a partir de la cual se incurre en delito. Y al mismo tiempo se facilita a los defraudadores la posibilidad de regularizar la deuda antes del inicio de las actuaciones penales.
Sobre la actualidad
La vicepresidenta ha rechazado de plano la posibilidad de que España reciba un rescate global de su economía por parte de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No va a haber rescate, ni el rescate es una opción", ha señalado de forma rotunda al ser preguntada por la reunión entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el ministro alemán su homólogo alemán, Wolfgang Schaeuble.
La agencia Reuters ha asegurado este mediodía que España admitió por primera vez en ese encuentro celebrado en Berlín que podría necesitar un rescate total por importe de 300.000 millones de euros si sus costes de financiación se mantienen en niveles insostenibles.
Sáenz de Santamaría ha negado categóricamente la posibilidad de rescate y ha dicho que los dos ministros informaron a través de sus Departamentos de los temas que se habían tratado en dicha reunión. La vicepresidenta ha asegurado que estos contactos que está teniendo De Guindos en Europa se enmarcan en el trabajo de todos los países para dar cumplimiento a los acuerdos de la cumbre europea y dar más estabilidad a la zona euro.
La vicepresidenta ha dicho además que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) tienen su origen "indudablemente" en la recesión económica, por lo que el Ejecutivo debe ocuparse en reducir el déficit y hacer reformas estructurales.
Sáenz de Santamaría ha indicado que el Ejecutivo no puede ser "un mero comentarista" de los datos, sino que debe ocuparse de mejorarlos. Esto pasa, ha explicado, por controlar el déficit, porque de lo contrario "no hay salida posible", y por llevar a cabo reformas estructurales. "Datos como estos nos tienen que llevar a intensificar las reformas y cumplir con el objetivo de déficit", ha asegurado al respecto.
