Otra vez un contrato de limpieza municipal bajo sospecha. Otra vez un Ayuntamiento del PP bajo la lupa judicial. Otra vez la empresa Sufi SA señalada en el supuesto amaño de un concurso público. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, tiene en sus manos desde el pasado 23 de octubre una carta de un concejal del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en Vitoria-Gasteiz en el que denuncia que en 2005 y 2007 el equipo de gobierno del PP en este consistorio concedió supuestamente de modo irregular sendos contratos de gestión de residuos a Sufi SA, la misma empresa ya investigada por la Audiencia Nacional por el presunto pago en 2007 de una comisión de 200.000 euros a la dirección regional del partido conservador en Castilla-La Mancha, encabezada por María Dolores de Cospedal. La revelación se produce sólo unos días antes de que el próximo miércoles acudan a declarar como imputados por este último hecho el gerente de la formación en esta comunidad, José Ángel Cañas, y los empresarios Luis del Rivero y Manuel Manrique. En su escrito, de siete folios de extensión, el edil Patxi Lazcoz detalla con documentos como la empresa, filial de Sacyr Vallehermoso, se hizo con un contrato para la construcción de un planta de tratamiento de residuos de demolición y su explotación durante 15 años gracias a un pliego de cláusulas "a la carta" que presuntamente redactó el consistorio alavés, entonces liderado por el hoy portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso.
El PSE asegura que inició por su cuenta una investigación el pasado julio, tras conocerse que los 'papeles de Bárcenas' apuntaban a una supuesta financiación opaca del PP del País Vasco
En la carta, a la que ha tenido acceso este diario, Lazcoz muestra su convencimiento de tener en su poder "suficientes elementos para considerar que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz se pudo adjudicar ilegalmente un concurso público a favor de una de las empresas investigadas en la trama Gürtel", en referencia a Sufi SA. Tras asegurar que la capacidad de investigación del grupo municipal que él encabeza "es muy limitado" y que "sólo una intervención judicial" podría "llegar al fondo del asunto sobre el que queremos llamar su atención", el escrito explica que el PSE inició sus pesquisas "el pasado mes de julio como consecuencia de la aparición [...] de una supuesta contabilidad B con datos del Partido Popular en el País Vasco, a través de los conocidos como 'papeles de Bárcenas". Durante dicha investigación, los concejales socialistas aseguran haber encontrado ya en el propio sumario del 'caso Gürtel' referencias a dos contratos del Ayuntamiento de Vitoria, uno de abril de 2005 y el segundo de marzo de 2007.
Según el concejal, dichos contratos son los que despiertan las sospechas de los socialistas vitorianos ya que ambos fueron adjudicados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por tres empresas "de las que Sufi SA tenía la participación mayoritaria -50%- y a la que también le correspondía la gerencia". En este punto, Lazcoz echa mano en su escrito de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía emitido el 26 de febrero de 2006 sobre la matriz de dicha mercantil, Sacyr Vallehermoso, y su relación con la trama encabezada por Francisco Correa. "En dicho informe se relata como Sufi SA realizó un pago de 330.600 euros a la empresa Nige SA en concepto de 'honorarios devengados en concepto de trabajos de apoyo a la licitación de la Planta de Residuos de construcción y demolición de Vitoria". El texto recuerda al juez que esta segunda empresa "parece ser que jugaba un papel similar al de Special Events SL", una de las empresas clave en la red Gürtel para el cobro de comisiones.
"Dos hechos sospechosos"
En el escrito, el dirigente del PSE de Vitoria asegura que tras constatar estos datos en el sumario, reclamaron la documentación de los dos contratos al actual equipo de Gobierno de Vitoria, de nuevo en manos del PP, y que se encontraron en la misma "con dos hechos que consideramos sospechosos". En primer lugar, la desaparición del "expediente original" de la adjudicación de 2005. Del segundo contrato, el de 2007, los socialistas vascos constataron que el mismo no fue tramitado por el Servicio de Contratación del consistorio, como aseguran es obligatorio, sino por la Dirección del Departamento de Hacienda. Lazcoz asegura que su grupo municipal ha pedido explicaciones a los responsables del Ayuntamiento de la capital alavesa sin que, hasta el momento, haya recibido explicaciones satisfactorias sobre las supuestas irregularidades que aseguran haber encontrado en la tramitación de dichos contratos a Sufi SA. El PSE destaca que el actual alcalde, Javier Maroto, era en el momento en el que se acordó el segundo contrato el Concejal de Hacienda y, por lo tanto, responsable directo de su firma.
El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Vitoria asegura que el equipo de Gobierno del PP utilizó la redacción de los pliegos de condiciones para "amañar" la adjudicación
Tras recordar que dos de los pagos efectuados por Sufi SA a la otra mercantil, Nige SA, se realizaron días antes de que se confirmara la adjudicación, el concejal socialista asegura que "es lógico suponer" que ambas "eran conocedoras de que se iba a obtener la adjudicación del concurso antes incluso de hacerse públicos los informes técnicos en la Mesa de Contratación". En este punto, Lazcoz reconoce que "no hemos hallado una prueba contundente de que se pudierse amañar la adjudicación de este contrato o hubiese un trato de favor" y que hasta el momento de lo único que dispone su grupo político "son pruebas circunstanciales". Sin embargo, destaca el supuesto paralelismo existente entre la concesión de este contrato y el que reveló un técnico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid) en el propio sumario del 'caso Gürtel' para realizar irregularmente una adjudicación a favor de una empresa concreta. Según destaca en el escrito, este funcionario destapó en su día que para ello se utilizó el pliego de condiciones económico-administrativas, por lo que el PSE decidió centrar sus pesquisas en estos documentos ligados a los dos contratos bajo sospecha.
En éstos, asegura haber encontrado "dos cuestiones cuando menos sorprendentes". En primer lugar, que el pliego que permitió la adjudicación del contrato en 2005 es el único "de estas características para el que se exige una puntuación mínima en la valoración económica" de todos los aprobados por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Según Lazcoz, la incorporación de esta cláusula fue "determinante" ya que de las cinco empresas que concurrieron al concurso, sólo una, la UTE encabezada por Sufi SA, obtuvo la puntuación mínima. La segunda se refiere a los criterios de valoración del mismo pliego. "Le pedimos encareciramente a su Señoría que lea las páginas 3, 4, 5 y 6", le ruegan los socialistas vascos al juez Ruz en su escrito. Según éstos, en dichas páginas del pliego aparecen criterios de valoración "que pueden calificarse casi de ininteligibles, o cuando menos extraordinariamente complejos y alambicados". Un detalle que, de nuevo, el consistorio vitoriano sólo ha utilizado en este concurso.
El PSE asegura que sobre ambos aspecto planteó una pregunta por escrito al actual alcalde de la ciudad el pasado 19 de septiembre sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta alguna. Por todo ello, el escrito concluye que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria entre 2005 y 2007, cuando Alfonso Alonso aún era su máximo responsable, "pudo utilizar un pliego 'a la carta' para favorecer la contratación a Sufi [SA]". Por ello, apuntan al juez Ruz que determinar la verdadera "autoría o el origen" de dichos pliegos "puede constituir un aspecto muy relevante en el caso de que se considerase necesario llevar a cabo una investigación". Para respaldar su denuncia, el PSE de Vitoria acompañan el escrito con ocho anexos documentales para facilitar la investigación al magistrado dentro del 'caso Gürtel'. La misiva está fechada el pasado 22 de octubre. Un día después entraba en la Audiencia Nacional.
