España

Sumar reclama que Asuntos Internos de la Guardia Civil dependa de un cargo político y no de un general

Los diputados Enrique Santiago y Alonso Cantorné registran una iniciativa en el Congreso para cambiar la estructura orgánica de esta unidad especializada de la Guardia Civil

  • Dos agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo

El escándalo por una supuesta trama de corrupción en el Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil dedicada a la adjudicación irregular de contratos públicos ha propiciado que los diputados de Sumar Félix Alonso Cantorné y Enrique Santiago -éste último, secretario general del PCE- registren una iniciativa en el Congreso de los Diputados demandando más información sobre el caso al Ministerio del Interior. En la batería de planteamientos, Santiago y Alonso plantean un cambio orgánico en la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil, solicitando que deje de depender de un general para directamente rendir cuentas ante un cargo político.

Los diputados de Sumar preguntan en su iniciativa si el Gobierno tiene previsto “remodelar” la estructura orgánica de la Guardia Civil para que la unidad de Asuntos Internos, encargada de investigar cualquier conducta interna contraria a las normas o a la ley, deje de estar bajo la dirección de un general del cuerpo. A juicio de Santiago y Alondo, esta unidad debería depender directamente del director general del cuerpo o del secretario de Estado de Seguridad.

Se trata de dos puestos eminentemente políticos y que cambian en función del color del Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contado con hasta cuatro directores generales de la Guardia Civil: Félix Azón, María Gámez, Mercedes González y Leonardo Marcos. Gámez y González han ocupado diversos cargos políticos dentro del PSOE. Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad se considera el ‘número 2’ del Ministerio, y actualmente recae en la figura de Rafael Pérez.

Los diputados de Sumar esgrimen en su argumentación que este cambio orgánico supondría una mayor “independencia” y “la diligencia debida” en las investigaciones de la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

La dependencia de Asuntos Internos no es el único cambio en el Instituto Armado que proponen desde las filas de Sumar. En la misma iniciativa parlamentaria, los diputados Santiago y Alonso preguntan si los mandos investigados eran cargos de libres designación, asevera que en el Instituto Armado hay “hasta cuatro veces más” designaciones por esta vía que en la Policía Nacional, y cuestionan al Ministerio del Interior si “se está estudiando modificar” el sistema por el que se adjudican estos puestos.

La exdirectora de la Guardia Civil María Gámez
La exdirectora de la Guardia Civil María GámezEuropa Press

'Caso uniformes' de la Guardia Civil

Por el momento se encuentran bajo investigación el coronel Juan Antonio Maroto Gil, jefe del Servicio de Abastecimiento hasta 2020, el teniente coronel Alberto José Martín Altube, quien también formó parte de este servicio, y otros cuatro guardias civiles. La investigación afecta igualmente a una treintena de empresas, algunas de tanta relevancia como El Corte Inglés. Los contratos bajo sospecha son diversos; algunos de ellos son menores, lo que supone un control más laxo de los procedimientos, mientras que otros alcanzan los millones de euros.

Las pesquisas vienen de lejos. En el año 2017, Asuntos Internos de la Policía Nacional desveló la operación Grapa, dedicada a la compra de uniformes mediante procedimientos irregulares. Poco después alertaron de que estas adjudicaciones podrían estar reproduciéndose en un modo muy similar en el seno del Instituto Armado.

Así, la unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió sus propias pesquisas, centradas principalmente en el Servicio de Abastecimiento (SABAS), dedicado a la compra, almacenamiento y distribución de los medios adquiridos por la institución. Los investigaciones no tardaron en desvelar que existía un supuesto compadreo entre los mandos de este servicio y las empresas dedicadas al suministro del material: zapatos, chaquetas o cualquier otro elemento de uniformidad.

En concreto se sospecha que los guardias civiles entregaban previamente a las empresas los borradores de los contratos que se estaban elaborando, para que éstas pudieran adaptar los pliegos. A cambio los agentes habrían recibido mordidas o dádivas.

“¿Se ha abierto o tiene previsto el Gobierno abrir al margen de la investigación judicial algún expediente informativo al servicio de abastecimiento SABAS?”, interpelan Enrique Santiago y Félix Alonso en su iniciativa parlamentaria. Los diputados de Sumar también preguntan si el Ejecutivo se plantea “algún tipo de sanción” a las empresas afectadas. El caso aún se encuentra judicializado y pendiente de sentencia.

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