Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan en Cataluña el desafío secesionista están tratando de confirmar que el Govern de Carles Puigdemont utilizó dinero público para el 'procés', lo que demostraría que los exconsellers que permanecen en prisión habrían cometido un delito de malversación de caudales públicos, por el que ya están investigados, aunque de forma indiciaria, en el Tribunal Supremo.
Y por eso se han dirigido a la empresa mercantil IT Corporate Solutions Spain S.L, ubicada en Las Rozas (Madrid), a la que reclaman toda la documentación relacionada con las obras y servicios contratados por la Generalitat de Catalunya a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), del Departamento de la Presidencia de la Generalitat y de la Fundación Centro de Seguridad de la Información de Catalunya (Cesicat), considerado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 'CNI catalán'.
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena considera que los exconsellers catalanes tenían intención de utilizar el CTTI y el Cesicat para poner en marcha los diferentes departamentos de la república catalana, entre los que se encontraba la agencia tributaria del nuevo Estado.
De esta forma, la UCO ha reclamado a la empresa tecnológica madrileña toda la documentación vinculada a las contrataciones de la Generalitat, que habían encargado unos servicios denominados "Security Services", que los guardias eran necesarios "para el desarrollo de la Agencia Nacional de Seguridad (ANS)", una de las estructuras del nuevo Estado.
Los agentes llegaron a la firma IT Corporate Solutions Spain S.L. gracias a las grabaciones ordenadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. La UCO descubrió que de dos de los informáticos del referéndum del 1 de octubre trabajaban en realidad para una de las concesionarias de los contratos de la Generalitat, en concreto para Hewlett Packard Spain.
65,5 millones
En el sumario, la UCO destaca que el 19 de septiembre de 2012 el CTTI catalán adjudicó a una UTE, de la que formaba parte Hewlett Packard, un contrato de informática por un importe de 65.532.062 euros sin IVA, y para un periodos de 10 años.
Sin embargo, cuando el juez ordenó a los agentes que obtuvieran más información, los investigadores lograron determinar que Hewlett Packard, que era una de las empresas que habían sido adjudicataria del mencionado contrato, no era desde enero pasado proveedor de la Generalitat.
La sucesora de la división española de la multinacional era una firma madrileña: IT Corporate Solutions Spain S.L, y en ella trabajaba una de las personas grabadas por la UCO organizando el referéndum: Jordi L. D. Y por eso la Guardia Civil ha solicitado más información a esta empresa tecnológica de Las Rozas, para determinar si en esta operación los exconsellers han podido comentar un delito de malversación de fondos públicos.
¿Quién les contrató?
En concreto, la Guardia Civil le ha pedido a la empresa que identifique todas las aplicaciones informáticas, informes de consultoría y estudios aportados a la Generalitat. También deberá explicar para qué iban a ser utilizadas.
Asimismo, le reclama que identifique a las personas del Gobierno catalán que les contrató, pero también que digan si tuvieron que firmar algún tipo de contrato de "exclusividad" o "confidencialidad".
La UCO también les ha pedido información sobre "cualquier servicio encargado por la Generalitat para el desarrollo de cualesquiera de las estructuras de Estado". Además, los agentes pretenden investigar una posible responsabilidad penal de la firma madrileña, y le reclaman información sobre si la empresa advirtió a la Generalitat de que la puesta en marcha de estas estructuras podía estar prohibida por el Tribunal Constitucional.
