El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, considera "incompatible" que una misma abogada represente a Pablo Iglesias y a Dina Bousselham en el procedimiento en el que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasistente; y la posterior divulgación en prensa de capturas de pantalla procedentes del mismo, según consta en una providencia de 1 de junio, a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El juez alude a dos escritos presentados de forma reciente por la misma letrada, uno en representación de Iglesias y otro de Bousselham, que podrían ser contradictorios, según explican fuentes jurídicas. Ambos documentos registrados en el Juzgado favorecen al líder en Podemos, pero podrían lesionar los intereses de la excargo de Podemos, que ha desacreditado su propia declaración, en la que estaba obligada a decir la verdad.
"Así las cosas, dada cuenta de los escritos firmados por la misma letrada, y a fin de salvaguardar y proteger a la víctima del delito investigado en esta pieza separada, Dina Bousselham, ante el conflicto de intereses constatado, se acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal, a la propia perjudicada y a las partes personadas por un plazo de dos audiencias para alegaciones", especifica la resolución.
Sin indefensión
La decisión del instructor se produce, especifica la providencia, en virtud del Estatuto Jurídico de la Víctima del Delito y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obligan a las autoridades, entre ellas las judiciales, a salvaguardar "los derechos e intereses de la víctima" y "sin que en ningún caso pueda producirse indefensión".
La providencia recuerda, además, que mientras la exasistente sigue siendo víctima del robo de su teléfono, Pablo Iglesias dejó de tener esta consideración en virtud de un auto de 25 de mayo, "al entender, como se razona en dicha resolución, que el mismo no se encuentra en una posición que justifique su mantenimiento", completa la providencia.
Por eso la situación procesal de Bousselham, continúa el juez, "se evidencia en este momento incompatible con la sostenida por la misma letrada, mediante la interposición del recurso presentado" por Pablo Iglesias, en el que insiste en que él sí ha sido perjudicado por la actividad desarrollada por el excomisario José Manuel Villarejo.
Delitos de Iglesias
En este sentido, el juez trata de determinar si el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pudo cometer algún tipo de delito al entregar "quemada" la tarjeta SD que había sido robada a su exasistente en el Parlamento Dina Bouselham. Y para eso, ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía que realice "las gestiones oportunas en orden a esclarecer los diferentes extremos. Una vez practicadas, deberá valorarse la oportunidad de citar de nuevo a Dina Bousselham", destacaba el instructor en el auto de 25 de mayo.
Con el último escrito presentado la semana pasada, Bousselham ya ha dado cuatro versiones diferentes de cómo y cuándo le entregó Iglesias la tarjeta SD, que le había sido robada en 2015. Sin embargo, mientras la exasistente se queda en una difícil situación procesal, porque podría llegar a ser imputada por falso testimonio, el documento salva por completo al vicepresidente segundo del Gobierno.
En concreto, Bousselham dijo en un primer momento que no llegó a tener la tarjeta SD; y después que la recibió de Iglesias, pero que nunca le funcionó. La tercera versión apuntaba que el ahora vicepresidente del Gobierno le había entregado la memoria "destruida". Y el pasado jueves la exasistente aseguró por escrito que cuando se la dio sí pudo ver su contenido, porque estaba en buen estado, pero que con el tiempo se acabó deteriorando.
Numerosas contradicciones
Esta última versión sí concuerda con el testimonio de Iglesias ante el juez como testigo, y por tanto con la obligación de decir la verdad. Sin embargo, Dina Bousselham ha llegado a ella tras incurrir en numerosas contradicciones e imprecisiones.
En su auto de 25 de mayo, el instructor ya rechazó la intención del ministerio público de que la exasistente pudiera renunciar a acusar a algunas de las personas que se vieran implicadas en la investigación sobre la sustracción del móvil y la posterior destrucción de la tarjeta: "Acceder a la petición solicitada por el Ministerio Fiscal resulta precipitado, y podría colocar a Dina Bouselham en una delicada situación toda vez el evidente conflicto de intereses que resulta del hecho de ostentar la misma representación procesal que Pablo Iglesias", especifica la resolución.
Y el juez tomó esta decisión pues considera que la asistente, como víctima de un delito que comparte la misma representación procesal que Iglesias, "debería contar con el apoyo y la asistencia legalmente prevista ante este tipo de situaciones, para que, en todo caso, se trate de una decisión que no se vea perturbada o influida por la posición o el cargo que ocupa este en la organización política que ambos comparten", completaba el auto.
Renuncia contradictoria
La renuncia a acusar por parte de Bousselham pretendida por Iglesias es contradictoria con el espíritu del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley Montero por ser su promotora la ministra de Igualdad, Irene Montero. Esta norma, que no fue finalmente aprobada, incluye un apartado en el que se reclama la modificación del artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que se pueda revocar la renuncia al ejercicio de la acción civil por parte de una víctima.
Y esta posibilidad de revocar la renuncia, que pretende reabrir acciones civiles aunque la víctima hubiera renunciado a ellas, se podría ejercitar "si los efectos del delito son mucho más graves de los que se preveían en el momento de la renuncia, o si la misma pudo estar motivada por los vínculos personales o familiares de la víctima con la persona autora del delito", concluye el anteproyecto auspiciado por Irene Montero.
Declaración de Dina Bousselham en el 'caso Villarejo' by Vozpopuli on Scribd
