El presidente de México, Enrique Peña Nieto, plagió parte de su tesis universitaria para obtener su licenciatura en Derecho cuando tenía 25 años, según una investigación periodística de Aristegui Noticias divulgada este domingo. El reportaje indica que casi el 29% del contenido del texto de Peña Nieto, presentado en 1991 para conseguir su título por la Universidad Panamericana, fue "robado de obras de otros autores". Es decir, 197 de sus 682 párrafos provienen de textos de, al menos, una decena de autores a los que el presidente no cita o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo, añade.
El reportaje compara los fragmentos de la tesis, titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón, con obras del historiador Enrique Krauze o la académica de la Universidad de Nuevo México Linda Hall, entre otras personalidades. Con ello, los periodistas llegan a descubrir párrafos idénticos que Peña Nieto no entrecomilló, según la investigación. Subraya de manera especial el plagio que el presidente realizó con uno de sus predecesores, Miguel de la Madrid, a quien copió, sin citar, veinte párrafos, asegura el equipo de Aristegui.
El reportaje ha sido publicado en un momento en el que, según las encuestas, el presidente se encuentra en su punto más bajo de popularidad
Tras la salida a la luz de la investigación, el portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, emitió un comunicado en el que aseguró que Peña Nieto "cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado". "Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico", agregó el portavoz.
El reportaje ha sido publicado en un momento en el que, según las encuestas, el presidente se encuentra en su punto más bajo de popularidad. El equipo de Aristegui también fue el que destapó el caso de la 'Casa Blanca', que reveló que el mandatario y su esposa, Angélica Rivera, compraron inmuebles a dos empresas que son contratistas del Gobierno.
